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Empleo fija los servicios mínimos para el paro en la función pública

El País

Empleo ha decretado que los servicios mínimos del paro que los sindicatos nacionalistas han convocado para el próximo día 9 en los servicios públicos equivalgan a la atención de un día festivo en los hospitales y se ofrezca el 30% de los servicios ordinarios en los transportes. Las centrales ya han adelantado su rechazo.

La orden regula el personal mínimo que deberá trabajar el próximo jueves con motivo de los paros de cuatro horas convocados por ELA, LAB y STEE-EILAS en la Administración pública, en protesta por los recortes laborales anunciados por el Gobierno. Empleo establece que en los hospitales deberá trabajar el personal de un festivo, mientras que en los centros de cabecera de Atención Primaria deberá haber dos médicos y dos enfermeros. Emergencias y los Puntos de Atención Continuada (PAC) tienen que funcionar al cien por cien.

Todas las empresas públicas de transportes deberán mantener servicios y frecuencias equivalentes al 30% de un día laborable. En Metro Bilbao tiene que haber tres personas en el puesto de mando y Eusko Trenbideak deberá contar con el personal de un festivo en mantenimiento.

En los geriátricos y centros de día tendrá que trabajar el 50% del personal, en las residencias de menores se establecerán los servicios de un festivo y en los centros docentes se garantizará el control de acceso y que se puedan hacer los exámenes previstos.

Rechazo sindical

Los servicios de atención de emergencias y seguridad vial contarán igualmente con el mismo personal que en un festivo, así como las empresas públicas de energía eléctrica, distribución de gas o suministro de agua. Igualemne se fijan los mínimos en la Administración de Justicia.

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ELA, LAB y STEE-EILAS rechazaron los servicios mínimos por "abusivos" y por pretender "limitar el derecho fundamental a la huelga". Las centrales anunciaron que recurrirán la orden y exigieron al Gobierno que la modifique "de modo que garantice el derecho de huelga y responda racionalmente a las necesidades mínimas".

Las centrales criticaron en un comunicado que los servicios mínimos se han impuesto "bajo una falsa premisa: se equipara el derecho a la huelga, que es un derecho fundamental, con el derecho al trabajo, que, siendo un derecho constitucional, en absoluto tiene el rango de derecho fundamental".

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