"Hice lo que debía por las víctimas, por encima de ideologías"

"Hice lo que creí que debía hacer, no es cuestión de ideología. Los jueces no estamos para ideologías. Aquí había cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos". El juez Baltasar Garzón descartó que sus ideas políticas hubiesen influido en su investigación de los crímenes del franquismo, durante el interrogatorio de su defensor, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda. Garzón rechazó contestar al interrogatorio de la acusación popular, el del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias por no considerarle legitimado para acusar.

Garzón declaró con voz segura y firme, superada ya la afonía que le aquejó durante el juicio de las escuchas de Gürtel. A preguntas de su defensor, manifestó que en la Audiencia Nacional se tramitaba y aún se sigue tramitando un proceso contra nazis que afecta a hechos de los años 1942 a 1944 referidos a campos de concentración. Hechos "prácticamente idénticos" a los que le llevaron a él a abrir la investigación.

"El fiscal también discrepó de mí en los casos de Argentina y Chile y luego cambió"

Garzón señala que la Audiencia aún investiga crímenes nazis de 1942

Siguiendo el cuestionario de su defensor, Garzón quiso justificar una investigación que se desarrolló entre 2006 y 2008. "El fiscal también discrepó de mí en los casos de Argentina y Chile durante dos años, con recursos durísimos, y luego cambió de posición y mantuvo que eran crímenes contra la Humanidad". Sin embargo, afirmó tajantemente que durante ese tiempo no autorizó ninguna exhumación. "Desde diciembre de 2006 a 2008 no autoricé ni una sola exhumación. Expresamente se dijo que no se autorizaba ninguna exhumación hasta que no quedase determinada la competencia". El magistrado se remitió en otro momento a la doctrina de la propia Sala Penal del Supremo en el caso de Adolfo Scilingo, el argentino que participó en dos vuelos de la muerte al que Garzón procesó y luego fue condenado.

El juez imputado relató que en diciembre de 2006 llegó a su juzgado la primera denuncia y posteriormente se presentaron más de asociaciones de Memoria Histórica. "Relataban hechos acontecidos durante y después de la Guerra Civil, sobre eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales, secuestro de niños y torturas... hechos con apariencia delictiva de crímenes contra la Humanidad".

Durante la investigación, "llegué a la conclusión de que no había datos de desaparecidos a nivel nacional". Tras dirigirse a diversos organismos, pidió a los denunciantes que elaboraran un listado completo. A principios de octubre de 2008 le dieron la cifra de 114.000 casos de desaparecidos sin vinculación con la Guerra Civil. El 16 de octubre de 2008 se declaró competente. En aquella resolución se venía a establecer la existencia de un "plan sistemático" de detenciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, etcétera. "Consideré que los hechos podían ser delictivos y que integraban el delito de desaparición forzada, que persiste en el tiempo", explicó.

Justificó después la petición de que se aportaran los certificados de defunción del general Franco y otras figuras del régimen "para poder declarar la extinción de la responsabilidad penal y las posibles reclamaciones civiles por hechos delictivos con responsabilidad civil extinguida por fallecimiento". Era, dijo, la única forma "legal y formal" de certificar su fallecimiento.

El juez ha negado que hubiera querido saltarse la Ley de Amnistía. "No es cierto", aseguró con contundencia. "La ley de Amnistía se refiere a hechos o delitos de contenido político. En ningún caso, a crímenes contra la Humanidad, que son los que se denuncian, y que no pueden tener carácter político de ningún tipo". También rechazó que hubiese pretendido "ningunear" la Ley de Memoria Histórica: "No sé quién ha dicho eso", se defendió. "La Ley de Memoria Histórica tiene una interpretación perfectamente compatible con lo que se investigaba en el juzgado". Igualmente rechazó haber buscado "notoriedad" o "publicidad" con sus decisiones, pues procuró interpretar cada caso "con las reglas de la buena fe".

A preguntas del fiscal Luis Navajas, Garzón aseguró que no incurrió en el delito de prevaricación. "Siempre he respetado las normas. Interpreté las normas legales en vigor, nacionales e internacionales, y lo consideré ajustado a la legislación sobre derechos humanos. Para nada fue una interpretación que se apartara de una línea aceptable y defendible. Es lo que hice, acertadamente o no, y hoy me ratifico".