Los alcaldes de localidades medianas critican la inestabilidad de su financiación

Los municipios más pequeños llevaron su realidad ayer, en el Parlamento, ante la comisión que estudia el complejo entramado institucional vasco para tomar medidas en torno a sus duplicidades e ineficiencias. La cita tuvo lugar una semana después de que los máximos responsables de las tres capitales y Eudel expusiesen en el Parlamento sus dificultades y preocupaciones. Las localidades de menor tamaño estuvieron representadas por los alcaldes de Tolosa, con 18.000 habitantes, Salvatierra, con 5.000, y Bermeo, con 17.000, todos ellos gobernados por jóvenes alcaldes de Bildu.

Su análisis fue muy similar al esbozado por las grandes ciudades: los Consistorios asumen competencias de otras instituciones -Bermeo señaló que destina a estos servicios el 7% de su presupuesto anual- y carecen de medios suficientes para afrontarlas. Los tres confirmaron que existen duplicidades -el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, lo puso en duda- y consideraron pertinente el debate, aunque apuntaron a que el informe elaborado por el Gobierno vasco tiene "debilidades" por estar confeccionado con la óptica de los municipios más poblados.

"No podemos solucionar los problemas de otros", critican

Su punto de vista fue el de una situación económica mucho más dramática que la expuesta por los alcaldes de las capitales. El alcalde de Tolosa, Ibai Iriarte, reconoció que las arcas de los ayuntamientos están "ahogadas" por el déficit que afrontan las entidades locales a pesar de que "cuanto más abajo [en el nivel institucional], mejor se gestionan los recursos". "Tenemos las manos atadas", prosiguió. En este sentido, denunció que dependen de la financiación inestable que suponen las subvenciones.

Iriarte puso como ejemplo de sus dificultades los gastos en el centro de mayores de Tolosa, un espacio que ha ido perdiendo financiación de la Diputación, indicó, haciendo que entre 2003 y 2011 la deuda que ha tenido que asumir el Consistorio sea de 1,6 millones de euros. La alcaldesa de Salvatierra, Maider García de Vicuña, resumió: "se delegan servicios, pero la financiación que se daba antes ya no está".

"No podemos ser los que demos salida a los problemas de otros", reiteró Iriarte, en referencia a las diputaciones y al Ejecutivo autonómico.

Ante una reducida audiencia de parlamentarios, la alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, apeló a realizar una reflexión sobre los recursos que existen entre municipios y puso en tela de juicio la necesidad de que haya "un polideportivo" en cada uno.

También coincidieron en los aspectos que se consideran duplicidades: el turismo, el fomento del empleo, el emprendizaje, el euskera y áreas poco definidas, como las de los servicios sociales. "En las competencias cuyas fronteras no están claras, el gasto aumenta", señaló García de Vicuña, que fue especialmente crítica en materia social, incidiendo en que la aportación del Gobierno vasco a las Ayudas de Emergencia Social (AES) se mantiene cuando hay más demanda: "tenemos más personas con la necesidad pero cada vez menos dinero en el bote". También puso el acento en la "falta de coordinación" del nuevo modelo de Lanbide, que ha supuesto llevar la gestión de las principales ayudas sociales desde los ayuntamientos hasta el Servicio vasco de Empleo. Su localidad ha probado durante un año y medio a través de una experiencia piloto lo que ahora se está extendiendo en toda Euskadi. "[La coordinación] desde el lado humano es necesaria, y desde el económico también", insistió.

Con todo, hicieron un llamamiento a superar el marco institucional vigente porque "la estructura actual no da servicio real a las necesidades de los ciudadanos", quienes, señalaron, tienen que estar en el centro del debate.