Institucionalización de la casta judicial

Algunas de las reformas de tipo ideológico que propone el Gobierno del PP a través de su ministro de Justicia parecen hacer retroceder nuestro país a una sociedad de castas. De hecho, el que se proponga que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los mismos jueces y no, como hasta ahora, por el Parlamento, es el paso definitivo para que tal poder, su determinación y funcionamiento, quede al margen del resto del Estado.

La propuesta tiene un complicado ensamblaje constitucional. Según el artículo 1.2 de la CE: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"; esto es, que el Poder Judicial, de la misma forma que el Legislativo y el Ejecutivo, debe proceder directa o indirectamente de la voluntad del pueblo español.

El actual proceso de elección de los miembros del CGPJ, siempre revisable en atención a sus disfunciones, se atiene a la letra del precepto constitucional, por cuanto supone una designación indirecta; pero no así que la elección se realice solo por los jueces, a no ser, ya cayendo en el absurdo, que estos a partir de ahora, descartando el actual proceso de oposiciones de acceso a la judicatura, sean elegidos por sufragio universal.

En definitiva, lo que el Gobierno del PP propone es institucionalizar a los jueces como una casta al margen del Estado, como en otras culturas lo fueron, por ejemplo, los sacerdotes.