Navarra, primera región en regular el acceso a la información pública

El Gobierno de Navarra se propone regular el derecho de acceso a la información pública a través de una Ley foral de la transparencia y del Gobierno abierto que permitirá a los ciudadanos saber cuánto gastó el Ejecutivo regional en la última campaña institucional, los detalles del convenio que firmó el Ejecutivo con la Clínica Universidad de Navarra en 2011, el coste del viaje de la presidenta, Yolanda Barcina, a Estados Unidos o el patrimonio de los consejeros. Estos datos, hasta ahora considerados información privilegiada para el ciudadano de a pie, deberán ser facilitados por el Gobierno foral en un plazo de 15 días desde que se presenta la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla. El plazo se extiende a un mes si se trata de una información voluminosa o compleja.

Serán vetados los datos que afecten a seguridad, intimidad o menores

El vicepresidente primero del Ejecutivo, el socialista Roberto Jiménez, presentó ayer el borrador del anteproyecto de esta ley, que por primera vez regula la información pública y la ética en la acción de Gobierno con carácter participativo. Se trata, ha subrayado, de una iniciativa "valiente, ambiciosa e innovadora", que pretende convertir a la Administración foral en una "oficina de cristal" y transformar "radicalmente" las relaciones con los ciudadanos.

Esta ley quiere ser referencia para todo el Estado, si bien el Gobierno de Mariano Rajoy está examinando legislaciones y normativas internacionales, como el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, para elaborar un proyecto de ley, que podría estar listo en el primer semestre del año, según fuentes próximas al Ministerio de la Presidencia.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Ayllón, ha mantenido una reunión con la organización Access Info para plasmar en una ley la obligación de los organismos públicos, fundaciones y empresas subvencionadas de facilitar información. El Gobierno aspira a regular este derecho en el primer tramo de la legislatura. España dejará así de ser una excepción en Europa y sus ciudadanos podrán acceder a los archivos y registros oficiales sin justificar la petición. El Ejecutivo de Zapatero presentó un anteproyecto el pasado julio. Estaba a punto de terminar la legislatura, y no hubo tiempo de debatirlo en el Parlamento.

Navarra se propone ahora ser una comunidad pionera en la apertura de los datos de su Administración. La crisis, la corrupción y la consiguiente falta de credibilidad en las instituciones han marcado la necesidad de dotar de marco jurídico a las promesas de transparencia para hacerla real, creíble y eficaz.

La ley obliga a la Administración a poner a disposición del ciudadano toda información pública sin necesidad de que este la reclame, pero además, la que no está sujeta a publicidad activa podrá ser solicitada sin invocar la motivación. La información podrá ser limitada o denegada cuando afecte a la seguridad pública, los secretos de Estado, las investigaciones penales o disciplinarias, el derecho a la intimidad, la protección de datos o aquella que afecte a los derechos de los menores.

Por ejemplo, si un ciudadano quiere conocer cuántas actuaciones realizó la Policía Foral en materia de robos en noviembre tendrá que solicitarlo a través de esta vía de acceso. "Entonces el Gobierno estudiará si puede facilitar o no esa información y en qué medida sin que afecte a la seguridad ciudadana o al derecho a la intimidad de alguien", explica la directora general de Asuntos Jurídicos y Presidencia, Marta Pernaut, que incide en la idea de reconocer "el derecho a la información de una manera integral", sin que el trámite se convierta en un infierno burocrático.

En concreto, el Gobierno deberá poner a disposición del ciudadano los Presupuestos, y su grado de ejecución, los gastos en campañas institucionales, los acuerdos relacionados con la creación de sociedades y fundaciones públicas, las listas de contratación temporal y los extractos de acuerdos de los órganos administrativos que se consideren de interés general, además de los convenios firmados por el Gobierno con entidades privadas y públicas y las subvenciones otorgadas.

La participación y la colaboración ciudadana es otro de los pilares de esta norma, que no afecta por ahora a los Ayuntamientos. Se regularán los instrumentos necesarios para que puedan colaborar la toma de decisiones. Se incluye además el derecho de los ciudadanos a proponer una ley o iniciativa, para lo que se requiere presentar 2.000 firmas y la motivación y el Gobierno tendrá la obligación de contestar.

En la fase previa de elaboración de este anteproyecto ha habido un proceso de participación en diferentes foros ciudadanos en los que se formularon 54 sugerencias, de las que se han estimado 33, entre ellas varias del Movimiento 15-M.

Es una ley "muy progresista que refleja la voluntad clara y firme de la Administración navarra de ser transparente y de abrirse a su región y al mundo", dice la experta Victoria Anderica.