"Los ciudadanos tienen derecho a saber"

Dedicada en los últimos 20 años a promover el derecho global a la información, Helen Darbishire, directora de Access Info, ha asesorado a países de todo el mundo en la elaboración de leyes de transparencia. Considera que el texto navarro es de los más avanzados y confía en que el Gobierno saque adelante una ley que sitúe a España entre las naciones que tienen recogido el derecho a saber.

Pregunta. En 2009 el Consejo de Europa aprobó un convenio sobre el acceso a documentos públicos, pero España no se adhirió.

Respuesta. En Europa solo Luxemburgo y Chipre no tienen una ley de este tipo. Son países superpequeños. Lo que no se entiende es que España, con 47 millones de habitantes, no tengan reconocido el derecho a solicitar información pública. En todo el mundo hay ya 90 países que tienen esta ley (el último, Brasil), de modo que la mayoría de la población mundial vive en países con este derecho reconocido. El caso de España es difícil de explicar.

"La Casa Real es una institución pública más y tiene que ser transparente"

P. El Gobierno de Zapatero presentó un texto al término de la legislatura. ¿Cree que el PP sacará adelante la ley?

R. Por las reuniones que hemos tenido con el Gobierno sabemos que está analizado los estándares internacionales para ver el tipo de ley que se debería adoptar.

P. ¿La de Navarra puede ser un modelo?

R. Es un proyecto muy importante. Pone el listón muy alto.

P. ¿En qué sentido?

R. Cumple con los más altos estándares internacionales. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicen que los ciudadanos tienen derecho a saber. El derecho de acceso a la información está vinculado al derecho a la libertad de expresión. Si tenemos que opinar sobre el Gobierno, tenemos que conocer lo que hace el Gobierno. Cualquier persona tiene que tener el derecho a solicitar información, con excepciones limitadas

P. ¿Qué limites?

R. El Consejo de Europa recope 11 restricciones, como la protección de datos personales, la seguridad nacional o el secreto de las investigaciones policiales. Todas las limitaciones tienen que tener un equilibrio con el derecho a saber. Por ejemplo, se pueden reclamar datos sobre lo que un Estado se gasta en la compra de aviones militares, pero no es razonable pedir datos sobre si esos aviones tienen un sistema de códigos secretos. Los hipotéticos enemigos no deben saberlo.

P. ¿Las familias reales deben también estar protegidas por los secretos oficiales?

R. En 2008 países como el Reino Unido pusieron excepciones adicionales en el Convenio sobre casas reales, pero en 2010 el Comisionado de Información ordenó al príncipe Carlos publicar abundante información sobre sus terrenos porque era de interés público. En Suecia se puede acceder a mucha información sobre su familia real. La Casa Real es una institución pública más y tiene que ser transparente en cuanto a la recepción y utilización de fondos públicos. El escándalo Urdangarin demuestra que tenemos que saber todo lo relacionado con fondos públicos o corrupción. La familia real también tiene su derecho a la intimidad, pero si actúa de manera ilegal, tenemos que saberlo. Y también lo que hacen otros poderes, como el legislativo o el judicial