Hacienda trata el lunes con el ministerio las discrepancias sobre el Cupo
Los Gobiernos vasco y central abordarán el próximo lunes las discrepancias que existen desde hace años entre ambos en torno a las liquidaciones de la ley del Cupo. Ese día se reunirán en Madrid el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Fuentes de la consejería, que confirmaron la cita a EL PAÍS, precisaron que se tratará de un primer contacto con el nuevo secretario de Estado para analizar estas discrepancias por diferencias de criterios entre los dos Eejcutivos en la contabilidad del Cupo -la cantidad que Euskadi abona al Estado por las competencias no transferidas-.
Aguirre no llegó a abordar esta cuestión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, coincidiendo con la reunión en Madrid el pasado martes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero se emplazaron a una próxima cita entre los respectivos Gabinetes.
Las discrepancias sobre el cálculo del Cupo se extienden desde 2007, y se deben a dos materias transferidas a las autonomías, pero en las que el Gobierno central aportó dinero de más a las comunidades autónomas: el pago de las prestaciones de la ley de Dependencia y el plan estatal Escuela 2.0 para niños menores de tres años.
El Ejecutivo central defiende que al País Vasco no le corresponde su parte de ese dinero extra, mientras que el vasco entiende que tiene derecho a deducir lo que sería su parte en ambas cuestiones en el pago del Cupo, informa Efe.
Renovación de la ley
La posición del Gobierno autónomo es que se podría deducir del Cupo el 6,24% -la ratio con que se calcula en función del peso de la economía vasca en el conjunto de España- del presupuesto estatal en torno a esas dos cuestiones. De ahí las discrepancias en la liquidación.
Además de hablar sobre estas diferencias, los dos representantes gubernamentales tienen pendiente la renovación de la ley que regula el Cupo. La vigencia de la ley quinquenal para el periodo 2007-2011 finalizó el pasado 31 de diciembre y actualmente se encuentra prorrogada.
La intención de la Hacienda vasca es limar primero las diferencias antes de afrontar en el futuro la renovación de la ley. El Ejecutivo autónomo quiere acordar además una posición común sobre este tema con las Diputaciones.
