Hernández dice que mantener Ence sería "un fraude"

La "reforma profunda" de la Ley de Costas anunciada la semana pasada por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tiene una derivada importante en la ría de Pontevedra, donde la pastera Ence tiene fijada su salida en 2018 en virtud de esta norma.

La barrera, que se tenía por infranqueable, tiembla ahora, pero de momento la Xunta no ha cambiado de criterio respecto a la fábrica. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, declaró ayer que para el Gobierno autónomo exceder el plazo actual sería "ambientalmente inaceptable" y un "fraude a los electores".

El conselleiro acudió a Pontevedra para un encuentro con representantes del comité de empresa de Ence -que ven en la modificación normativa un posible salvavidas para sus puestos de trabajo- antes del cual indicó que ha hablado sobre el cambio legal con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. "La ley tiene 20 años y es lógico cambiarla, el ministerio tiene la voluntad de escuchar los planteamientos de las comunidades autónomas y la Xunta va a ser muy activa en ese proceso", comentó al respecto, pero admitió que no existe ninguna garantía de que la situación legal de Ence seguirá como hasta ahora. La opinión de los empleados es otra: si la norma permite apostar por dejar en la costa actividades que generen crecimiento económico, verían cumplidas sus expectativas. Pero el conselleiro no lo ve así. "Estamos al inicio de un largo recorrido, no hay ningún borrador ni posicionamientos sobre casos concretos como el de Ence", justificó.

"Consideramos que el emplazamiento actual del complejo es incuestionable", insistió, y declaró que hasta ahora la Xunta ha hecho todo lo que ha podido en la medida en que sus competencias se lo permiten para garantizar que el abandono del emplazamiento actual "es un hecho sin marcha atrás". Recordó las referencias contrarias a la permanencia de Celulosas recogidas en el Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices de Ordenación do Territorio. Este último documento recibió una alegación de la pastera, que fue denegada "sin perjuicio de que en el futuro se pueda inducir una nueva reflexión al respecto", según la contestación que a principios del pasado año dio el Gobierno autónomo. Tampoco se refirió Hernández al plan de supramunicipalidad de 2003, que nunca fue derogado pese a las reclamaciones insistentes de Ayuntamiento y colectivos ecologistas.

Hernández volvió a recalcar que la Xunta apuesta por el traslado de la planta, al que los dueños se oponen frontalmente. Y mientras la empresa pide "apoyo político" para conseguir perpetuarse en Lourizán y amenaza con abandonar Galicia si no se le permite, el conselleiro insiste en que sus responsables deben "interiorizar la realidad y buscar un emplazamiento alternativo". Sobre tales alternativas no hay noticias, y el conselleiro reconoció ayer que no tiene previsto reuniones con la dirección. "La iniciativa no debe ser nuestra", apunta.