Sindicalistas acusan ante el juez de persecución a la 'número dos' del Igape

El de Berta Castaño no es el primero ni será tampoco el último de los juicios a los que se enfrenta la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial, el organismo dependiente de Economía e Industria al que varios trabajadores acusan de represión sindical y acoso laboral. Ayer por la mañana, durante casi cuatro horas, Castaño repasó en el juzgado de lo Social de Santiago los dos años de "atrancos" y "represalias" que asegura sufrir desde el inicio de sus actividades sindicales en el ente, que arrastra, además, dos casos recientes de despido nulo a una empleada embarazada -la propia Castaño- y a otra de baja por maternidad. La trabajadora, con un contrato de obra y servicio como técnica, se muestra convencida de que la gerencia, ocupada hasta hace pocos días por Covadonga Toca, -ahora secretaria general del Igape- , "pretende recortar el personal que no quiere consolidar en la Axencia Galega de Innovación". Este último organismo se encargará de gestionar los programas de I+D en el futuro. La Fundación, que en 2009 tenía 255 empleados, redujo su plantilla a la mitad en los últimos dos ejercicios.

Según Castaño, las hostilidades responden a su presencia en el comité de empresa

En junio del año pasado, el comité de empresa presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo contra la Fundación por represión sindical, que en septiembre la trabajadora amplió por acoso laboral contra su coordinadora de departamento, después de pasar cuatro meses de baja médica como consecuencia de la situación límite a la que estaba siendo sometida desde 2009, "cuando empiezan a producirse los primeros recortes". En septiembre de ese mismo año, Castaño, embarazada, fue despedida. "La empresa alegó bajo rendimiento laboral, pero hacía tiempo que se me había retirado la carga de trabajo", se explica la empleada. El despido fue declarado nulo debido a su estado de gestación, así que la empleada se reincorporó a su puesto al mes siguiente. Los hechos se produjeron a la vez que los trabajadores preparaban las elecciones sindicales; aunque hasta noviembre la empleada no presentó su candidatura, Castaño está convencida de que en el despido pesó su intención de presentarse. "Cuando me reincorporo, me envían a un área distinta, porque me dicen que la mía ya no existe. Me eliminan funciones, dejo de tener posibilidades de formación", enumera. En diciembre de 2010, Castaño fue nombrada secretaria del comité de empresa.

Pero los problemas no terminan ahí. En octubre de 2010, la trabajadora vuelve a su puesto después de la baja por maternidad, y de nuevo sufre un cambio de categoría y pasa a desempeñar funciones de auxiliar. Desde entonces, y siempre según el testimonio de la trabajadora, las hostilidades no dejan de crecer. "Me dicen que no estoy cumpliendo con mi obligación de entregar unos informes semanales, cuando me han eliminado el acceso a Intranet, o me niegan la atención en el área de registro, o me ponen atrancos para usar un local para las reuniones del comité", ejemplifica.

A la denuncia de Berta Castaño se suman las de otros compañeros, algunas muy parecidas. En el mismo mes de mayo en el que la trabajadora pidió la baja médica, la Fundación anunció el despido de 11 empleados "por razones objetivas de productividad y económicas"; seis de ellos estaban inmersos en procesos judiciales contra el ente -la mayoría, por cesión ilegal de trabajadores-, una se incorporado unos días antes a su puesto después de agotar su baja maternal y otra más acababa de dar a luz. Este último caso se dirimirá en el mismo juzgado de Santiago el viernes; el juicio estaba previsto para ayer, pero tuvo que suspenderse debido a la dilatación del de Castaño. La que fue gerente de la Fundación cuando ocurrieron los hechos, Covadonga Toca, desde hace pocas semanas número dos del Igape, se presentó en el juzgado, aunque finalmente no fue llamada a declarar. La trabajadora despedida al volver de su baja llegó a un acuerdo económico con la Fundación.