Interior irrita a expertos en igualdad con la ley contra la violencia machista

Interior ha elaborado un anteproyecto de ley contra la violencia machista que amenaza con desatar un auténtico vendaval no solo en el movimiento feminista, sino incluso entre los técnicos del propio Gobierno que llevan el peso del desarrollo de la ley de Igualdad o en Emakunde. El Instituto Vasco de la Mujer depende directamente del lehendakari, lo que permite a su directora, María Silvestre, tener interlocución directa con Patxi López. Ello debería servirle para minimizar daños por el impacto de la nueva norma, como manifiesta en privado cuando muestra su desacuerdo y preocupación por ella. Silvestre declinó comentar a EL PAÍS el anteproyecto ni lo que supone para su instituto. "Estamos en pleno proceso de trabajo y acercamiento de posturas", se disculpó.

El texto convierte a la Dirección adscrita a Interior en el órgano coordinador

Los técnicos de Igualdad del Ejecutivo, agrupados en el llamado Grupo Técnico Interdepartamental de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad, y una docena de organizaciones feministas han elaborado una serie de alegaciones contundentes contra el anteproyecto en sendos documentos a los que ha tenido acceso este periódico. La citada comisión es un órgano que la ley de Igualdad, vigente desde febrero de 2005, creó para coordinar las actuaciones del Gobierno en esta materia, adscrito a Emakunde.

Lo primero que cuestionan los técnicos del Ejecutivo es la necesidad misma de la nueva ley, cuya aprobación está inicialmente prevista para el primer trimestre de este año: "La primera cuestión que se suscita es la necesidad de una intervención legislativa de estas características", cuestionan en sus alegaciones. A su entender, la ley de Igualdad ya supone un "paraguas jurídico" suficiente para actuar frente al maltrato y, si acaso, necesita del correspondiente desarrollo reglamentario. Además, ya aborda todas las cuestiones que pretende regular la nueva ley, que no crea recursos o servicios sobre los ya existentes. Y, junto a ella, existe además la ley nacional específica de 2004.

El anteproyecto, elaborado por la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, adscrita a Interior y ya muy cuestionada cuando nació en 2009, deroga de forma expresa el capítulo de la ley de Igualdad referido a la violencia contra las mujeres y "siembra la duda" sobre otros aspectos, causando inseguridad jurídica, estima el informe de los técnicos oficiales. Al crear un nuevo elemento de planificación, los planes estratégicos contra la violencia machista, que realizaría Interior, se quedarían fuera de la planificación global sobre igualdad. Ello contradice las pautas de los organismos internacionales, que recomiendan abordar el maltrato en el contexto global de la desigualdad. El grupo técnico aprecia en los planes de Interior "un cambio sustancial del enfoque y del modelo de intervención" que fija la norma de 2005.

Si se aprueba en su formulación actual, la nueva ley arrebatará competencias a las estructuras específicas de igualdad, tanto a las unidades del Gobierno que trabajan en esta materia como a Emakunde, parte de cuyas funciones quedarían derogadas de forma "tácita". De hecho, alertan los técnicos en sus alegaciones, la Dirección de Víctimas creada por Interior pasaría de ser un órgano de atención a las mujeres como ahora a ejercer labores de coordinación y ser "el encargado de formular las políticas públicas" sobre la violencia machista, con fija el anteproyecto en su artículo 65.1.

El grupo de técnicos concluye pidiendo a Interior que se replantee la ley, reflexionando sobre su conveniencia, y, de insistir en su tramitación, que la dirección dependiente del departamento que encabeza Rodolfo Ares se limite al terreno para el que se dijo que se creaba: atender a las víctimas.