Ecuador apuesta por la minería

"Vamos a pasar a una nueva era, la era minera". "Ecuador podría tener la segunda mina de cobre más grande del mundo". "No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro". El presidente Rafael Correa ha hecho grandes anuncios en las últimas semanas en torno a los proyectos de minería que se apresta a concretar Ecuador. Pero mientras él lo presenta como un gran paso adelante, organizaciones indígenas y sociales preparan su "resistencia".

Correa espera firmar en las próximas semanas dos grandes contratos con empresas mineras internacionales dentro de los cinco megaproyectos, todos al sur del país, que el Gobierno tiene previstos. Se trata de los proyectos Fruta del Norte, a cargo de la empresa canadiense Kinrros Aurelian, y Mirador, dado en concesión a la china ECSA (Ecuacorriente), los cuales buscan explotar reservas de oro y cobre, respectivamente, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

El viceministro de Minas de Ecuador, Federico Auquilla, aseguró a EL PAÍS que los dos contratos citados se suscribirían "en este primer trimestre" de 2012, y significarían en los primeros dos años una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares.

Auquilla prevé que se firme un tercer proyecto este año, denominado Río Blanco, dado en concesión a la canadiense San Luis Minerales (International Minerals Corporation) para la extracción de oro en la provincia del Azuay, en la sierra sur ecuatoriana.

Para el analista económico Walter Spurrier, Ecuador ha estado rezagado en comparación con otros países andinos en cuanto a la minería. "Ecuador tiene buenas reservas petroleras, pero que se van a agotar en un lapso relativamente corto. Y por ello dentro de la estrategia de crecimiento de largo plazo del país, la actividad minera es muy importante", opina Spurrier.

El principal reto que tendrán los planes del Gobierno de Correa será la oposición de organizaciones indígenas y sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la cual ha expresado su preocupación por que la minería a gran escala genere contaminación del agua, alto impacto ambiental y afectación de derechos colectivos. "Para nosotros esto es el continuismo de un modelo de extracción que destruye la naturaleza y no está dando respuesta a la humanidad", dice el presidente de Conaie, Humberto Cholango.

El viceministro Auquilla afirmó, sin embargo, que los proyectos mineros contemplan estudios ambientales y de utilización de recursos hídricos, y señaló que existe "la garantía del Estado de que las tecnologías utilizadas por las empresas sean las menos contaminantes, y que los impactos que se van a dar sean corregidos en el tiempo".

La controversia entre el Gobierno del llamado "socialismo del Siglo XXI" y varios dirigentes indígenas y sociales tiene además que ver con las disposiciones de la Constitución y la Ley de Minería que establecen que las comunidades y los pueblos indígenas ubicados en las zonas donde se ejecutarán los proyectos mineros deben ser consultados. Al respecto, el viceministro de Minas señala que el Gobierno ha efectuado "procesos de información", como talleres y mesas de diálogo, en las zonas de influencia directa de los proyectos, y afirma que la Constitución habla de consultas, no de un consentimiento previo.

Humberto Cholango, sin embargo, afirma que las comunidades involucradas no han sido ampliamente consultadas y que ningún representante del Gobierno se ha acercado a los dirigentes indígenas para hablar del asunto. "Nosotros vamos a ir a la resistencia. Esto va a generar conflictos muy grandes, movilizaciones y protestas", advierte el presidente de la mayor organización indígena del país.