Un mes de cárcel por impago de una multa de cinco millones

Al abogado pontevedrés del narcotraficante José Antonio Pouso Rivas, alias Pelopincho, le ha salido barato ser el cerebro de la Operación Cormorán, en la que se blanquearon más de 20 millones de euros y haber permanecido en busca y captura durante cinco años. Tras ser detenido en octubre pasado en Madrid, Franco Argibay fue juzgado ahora en rebeldía pero ha llegado a un acuerdo de conformidad con la fiscalía de Pontevedra. El pacto supone aceptar una rebaja de condena: solo tendrá que permanecer unos cuantos meses en la cárcel, ya que se le descuentan los más de 12 que estuvo como preso preventivo tras ser detenido en 2004 en el contexto de esta operación policial.

Con este acuerdo, la condena de seis años que solicitaba el ministerio fiscal para Franco Argibay se ha quedado en tres años y tres meses, el decomiso de sus bienes que están pendientes de la última tasación y una multa de casi cinco millones de euros frente a los 11,9 que pidió en su escrito de acusación inicial.

El letrado, cerebro del lavado de más de 20 millones, irá a prisión unos meses

"La justicia se ha sacado un peso de encima", afirman fuentes judiciales

Argibay había pagado en metálico una fianza de dos millones de euros en el juzgado de Caldas donde de instruyó el sumario con 30 testaferros implicados. Después de quedar en libertad retiró de un banco portugués de inversiones 1,2 millones de euros que estaban a nombre de sus hijos menores de edad y luego se fugó con el dinero.

El tribunal también ha aceptado la imposición de un mes más de cárcel para el letrado de Pelopincho en el supuesto de que este no pagara la multa. El impago parece probable, ya que se ha quedado sin la fianza, así como sin varias fincas y un chalé que estaban a su nombre sobre el que se acordó el decomiso. El resto del patrimonio inmobiliario era de su esposa, que fue absuelta del delito de blanqueo procedente del narcotráfico.

En una sala de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el abogado admitió que asesoró al narcotraficante José Antonio Pouso Rivas en la compra de bienes inmuebles para blanquear los beneficios obtenidos en el tráfico de drogas y para defraudar a la Agencia Tributaria.

Siguiendo un plan preconcebido entre ambos, el letrado también reconoció ante el tribunal que dirigió todas las operaciones de adquisición de patrimonio y la necesaria documentación y anotaciones en los registros de la propiedad, así como la constitución de sociedades que puso a nombre de cinco mujeres, parejas sentimentales del narcotraficante Pelopincho.

El letrado Franco Argibay también se encargó de negociar con diversos constructores las promociones inmobiliarias que realizó su cliente además de otras inversiones. En apenas cinco años el abogado gestionó la compra de 14 pisos, cuatro áticos, dos dúplex, nueve plazas de garaje, cuatro chalés, 36 fincas rústicas y urbanas, 35 locales comerciales, dos pubs, un mesón, un hotel y abrió 30 cuentas bancarias en España y Portugal.

Con una flota intervenida de 35 vehículos, la policía localizó 1,3 millones de euros en efectivo, de los cuales 400.000 eran divisas extranjeras, además de tres millones de euros en diferentes fondos de inversión, 610 acciones de la compañía aérea Iberia y seis sociedades que servían de tapadera fiscal gracias al asesoramiento del abogado condenado.

Aunque el pacto alcanzado con el ministerio fiscal ha sido ventajoso para el acusado, fuentes judiciales admiten que "la justicia se ha sacado un peso de encima" porque, de no haber sido detenido el abogado Franco Argibay, el Estado no habría podido disponer de su dinero ni de los bienes embargados hasta 2016, fecha en la que habría prescrito el delito. El decomiso del resto de los bienes incautados en la operación está paralizado debido a que ocho de los condenados por el caso han presentado recurso al Tribunal Supremo.