El bipartito dio 8 millones a una firma que echó a 100 personas
Los 8.034.048 euros que la Xunta , desde 2005, destinó a Muebles Hermida, una empresa en crisis del municipio lucense de Lourenzá, apenas han servido de algo para contener la avalancha de despidos con que cerró 2011. "Creemos que esos ocho millones de euros que pagamos los gallegos tienen que tener una justificación y tiene que saberse a dónde fueron destinados. Desde luego en el sostenimiento de puestos de trabajo no, porqué en 2011 se perdieron cerca de 100 empleos". Quien habla así es el abogado de los últimos 75 despedidos, a falta de que la Xunta decida el recurso de alzada presentado por el ERE sobre estos despidos de los que informó, en principio, favorablemente Traballo.
Con el bipartito en la Xunta, 2008 fue el año en que se concedieron el grueso de las subvenciones, una primera de 5.400.000 euros en mayo, otra en junio de 716.000 y otra en octubre de 1.317.000. Ya en abril de 2009 se aprobó un préstamo de 600.000 euros, según los datos ofrecidos por abogado Alberte Rodríguez Feixoo y que se trasladarán a la fiscalía.
Y aún hay pendiente otra aportación de 20.000 euros, con fecha limite de ejecución a 31 de julio de este año. Se pasaría por tanto a un desembolso de 8.054.048 euros que no ha evitado que se rebaje a casi la mitad la plantilla de una de las empresas más pujantes de la comarca de A Mariña, que a finales de 2010 llegó a contar con casi 200 trabajadores y ahora apenas llegan a los 120.
Denuncia ambiental
Pero no se van a parar ahí. A la fiscalía se le hará llegar, también documentación sobre posibles "irregularidades medioambientales". Los trabajadores y su representante legal sospechan que se ha producido un "tratamiento de residuos no correcto". "Pensamos que hay algunas irregularidades de carácter medioambiental y será la fiscalía quien determine si es delito, falta o nada, pero creemos que se debe investigar para que se aclare esa situación y así se podrá perfilar sí existe algún tipo de incumplimiento de la normativa", alerta el abogado.
En cuanto a la situación de los 75 trabajadores afectados por el ERE, están pendientes de que el empresario responda a una última petición "para mantener conversaciones y solucionar amistosamente este asunto". "Aunque no le vemos muchas ganas de sentarse en una mesa y hablar con los despedidos", afirma Rodríguez Feixoo.
