Un vecino de Loiu reclama 87.000 euros por el ruido del aeropuerto

Pascual Alonso, vecino de Loiu y presidente de la asociación ecologista Lur Maitea, reclama 87.300 euros al Ayuntamiento de esta localidad por la contaminación acústica que tanto él como su familia soportan desde el año 2000, cuando se efectuó la ampliación del aeropuerto. A su juicio, el Consistorio debería haber actuado para reducir el ruido. "Vivo en una especie de psicosis de miedo", asegura. El Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Bilbao celebró ayer la vista del juicio.

Alonso solicitó al Ayuntamiento en enero de 2009 que efectuara "las acciones necesarias e inmediatas" para el cese de los ruidos. Asimismo, exigió una compensación "por los perjuicios morales" causados. El Ayuntamiento desestimó la reclamación aduciendo que no eran asuntos de su competencia.

El demandante es presidente de la asociación ecologista Lur Maitea

"No estamos de acuerdo", señaló en la vista Alfredo Herranz, abogado del demandante. Según el letrado, existe una sentencia, ratificada por el Tribunal Superior (TSJPV), que establece que el Consistorio "debe medir el ruido generado por los aviones y exigir a Aena que cumpla con la legalidad". Por ello, remarcó, "sí tiene obligación jurídica de actuar".

El abogado recordó los casos de los aeródromos de El Prat, Barajas y Manises. Los ayuntamientos de los municipios cercanos, dijo, "hacen lo que está en su mano" para que los daños causados a los vecinos sean los menos posibles. "Sin embargo, en Loiu no sólo no se hace nada, sino que se solicita a Aena que elimine las trabas para así poder construir más cerca del aeropuerto", expuso Herranz. Ante esto, su cliente exige al Ayuntamiento una indemnización de 87.300 euros. La cifra se ha fijado teniendo en cuenta lo que habría podido costar el alquiler de una vivienda en otro municipio desde el año 2000 a la actualidad. Pascual Alonso aseguró que vive "en una especie de psicosis de miedo" cuando escucha el ruido de los aviones. "Estamos sufriendo mucho", aseveró.

La parte demandada, por su parte, alegó que la mencionada sentencia efectivamente obliga al Ayuntamiento a realizar las mediciones, pero no a ir más allá. "No está obligado a actuar", expresó el abogado Juan Carlos González. "No hay pruebas que demuestren que la actuación municipal ha sido inadecuada. Y, además, los daños acreditados son hipotéticos, no reales", argumento.