El Gobierno aborda su último año apremiado por los retrasos legislativos

O el último ejercicio del Gobierno de Patxi López, llegue o no a diciembre, se convierte en una auténtica maratón parlamentaria que apruebe un aluvión de leyes en la Cámara, o su balance en términos de producción legislativa puede resultar solo mediano. En todo caso, ha superado ya la peor marca histórica, la del primer Gobierno de Juan José Ibarretxe (1998-2001), con solo 11 leyes, por su minoría al quebrar el pacto con la izquierda abertzale y el adelanto en año y medio de las elecciones.

Precisamente su situación minoritaria (el PSE tiene 25 parlamentarios y la mayoría absoluta son 38) puede crear también problemas al Ejecutivo del PSE-EE, si el PP remolonea con sus apoyos en ese último tramo. Y todo apunta a que estos no van a ir más allá de lo estrictamente imprescindible, como la Ley de Cajas, o de lo que le interesa en particular al partido de Antonio Basagoiti, por tratarse de iniciativas que reivindica como propias, como la de apoyo a emprendedores. Mucho menos puede López esperar del PNV.

El calendario legislativo aparece ya como imposible de cumplir

La última revisión que el propio Ejecutivo ha realizado del calendario legislativo que comprometió al inicio del mandato constata la evidencia: el Gobierno ha enviado a la Cámara 24 proyectos de ley, de las que contabiliza solo siete como aprobadas en el Parlamento, aunque los datos de este indican que son 16. Esta cifra incluye las tres leyes de presupuestos y la de medidas urgentes del primer año. Otras dos actualizan el Plan de Estadística o las tasas y precios públicos y una tercera sirvió solo para suprimir la defensoría del Menor, creada por el Gobierno anterior.

El Ejecutivo acumula él mismo un importante retraso respecto de sus intenciones iniciales y también se ha encontrado con problemas de paralización o ritmo lento en el trabajo del Parlamento, según ha denunciado el PSE-EE. Este partido acusó al PNV de obstaculizar deliberadamente la tramitación de los proyectos, bien a través de recursos a la Comisión Arbitral desde las diputaciones que gobernaba o gobierna (caso primero de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional y ahora de la de Cajas), bien a través del retraso en la constitución y convocatorias de reuniones de las ponencias en las comisiones que preside ese partido. La visión del PNV es otra: la Comisión Arbitral está para usarla y es el Gobierno el culpable de los retrasos, a causa de su "incapacidad".

Aunque las previsiones primeras han sido revisadas y corregidas posteriormente, el Gobierno calculó en 2009 que a estas alturas del mandato habría enviado a la Cámara 43 proyectos de ley, casi el doble de los que ha remitido. De acuerdo con el calendario legislativo -un compromiso que el Ejecutivo de López quiso recuperar, con compromisos trimestrales, "como un ejercicio de transparencia y regeneración democrática", según indicó en su presentación la portavoz, Idoia Mendía, y que el Gobierno anterior había suprimido- solo deberían quedar para este año seis proyectos por mandar a la Cámara. Obviamente, faltan muchos más, porque el Gobierno ha ido añadiendo además proyectos nuevos al listado inicial (ahora constan 51) pero la duda planea sobre ellos. Más aún, se extiende incluso sobre la viabilidad de los que ya están en trámite, como las emblemáticas leyes Municipal o de Vivienda, dos de las que no tienen nada garantizado un buen desenlace.