Los discapacitados logran ser recibidos en el Palau de la Generalitat tras ocho años

Hacía más de ocho años que los portavoces de las personas con discapacidad (400.000 en toda la Comunidad Valenciana) no pisaban el Palau de la Generalitat. Francisco Camps no les recibió, a pesar de las reiteradas peticiones del colectivo.

Ayer, miembros del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV), se reunieron con su sucesor, Alberto Fabra, y le pidieron que "no se repita" la "caótica" situación por la que han pasado en 2011. Los retrasos que han sufrido en los pagos de la Generalitat se han traducido en que algunos trabajadores de entidades de ayuda a personas con discapacidad (física, psíquica, de salud mental) hayan estado hasta cuatro o cinco meses sin cobrar, con la consiguente "pérdida de calidad" en el servicio, como denunció el presidente del Cermi, Joan Planells. "Ha sido un otoño muy caliente, comenzamos a salir de él muy tímidamente y esperamos que no se repita", añadió.

El responsable del Cermi compareció tras su encuentro con Fabra acompañado del titular de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré. El consejero manifestó que su departamento transfirió 51 millones de euros que debían a las entidades el 30 de diciembre y que tratarán de acelerar el resto de los pagos pendientes. "Somos plenamente conscientes de las dificultades" por las que atraviesa el sector de la discapacidad, indicó Cabré, motivo por el que se hará "todo lo posible dentro de las dificultades de tesorería" para dar prioridad en el pago "a los colectivos más desfavorecidos".

Planells señaló que el ingreso de los 50 millones ha supuesto un "alivio" a la "difícil" situación que atraviesan las entidades que representa. Aunque trasladó que una vez liquidada esa "parte importante" de la deuda de Bienestar Social, aún queda dinero por liquidar tanto de este departamento como el de Sanidad, que arrastra deudas del año pasado tras saldar la de ejercicios anteriores, y del de Empleo.

Precisamente, es el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) el que más dinero adeuda a los colectivos, con un pasivo de más de 30 millones de euros, según apunta el Cermi.