Bizkaia no ve "ningún peligro" de fuga de contribuyentes por la reforma fiscal
Las Juntas aprueban definitivamente recuperar el Impuesto de Patrimonio
Las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron ayer definitivamente restablecer el Impuesto de Patrimonio para 2011, con carácter retroactivo, y 2012. El diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, precisó que la norma afectará a 3.000 contribuyentes y permitirá a las arcas forales recaudar tanto este año como el próximo 40 millones de euros. El PP, en sintonía con los nacionalistas desde que prestara su apoyo a los presupuestos para 2012, optó por la abstención -al igual que PSE y Bildu- al considerar que el gravamen provocará la deslocalización de contribuyentes a otros territorios en los que no se aplique, como Madrid. Esta hipótesis fue rechazada de plano por el PNV. "No hay ningún peligro. Lo mismo podría haber ocurrido con el IRPF y no ha sido así. Las rentas altas no han cambiado de territorio fiscal", señaló Josu Arteta.
El PP vuelve a distanciarse de la misma norma que aprobó en Álava
Iruarrizaga detalló que el recuperado impuesto establece un mínimo personal exento de 800.000 euros y de 400.000 para la vivienda habitual. Los baremos son los mismos que en Álava, donde la norma salió adelante por iniciativa del PP con apoyo del PNV, pero diferentes a los de Gipuzkoa. En este último territorio, el mínimo personal exento asciende a 700.000 euros y el de vivienda, a 300.000.
Así las cosas, se confirma de desarmonización tributaria entre los territorios, como criticó Asier Arana, de Bildu, una realidad con la que tampoco estuvo de acuerdo el PNV. "El Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) ya dijo que el impuesto estaba armonizado. La armonización no es que todas las cantidades sean exactas, sino que haya coherencia en cuanto a los tipos", consideró Arteta.
El portavoz de la coalición soberanista criticó la actitud del PP por haber impulsado el impuesto en Álava y haberse abstenido en Bizkaia. "Ustedes hablan de deslocalización, pero ¿a dónde? No es fácil mover un caserío. En su opinión, los magnates y pudientes alaveses no se van a deslocalizar. ¿Cuál es el secreto allí? Y si Bizkaia no estableciera el impuesto ¿estaría haciendo competencia a Álava?", preguntó Arana, quien se mostró partidario del gravamen, aunque con otros baremos: 600.000 en el mínimo personal exento y 300.000 para vivienda habitual. "Lo propuesto no es de nuestro agrado, pero lo preferimos a nada", dijo.
La popular Esther Martínez insistió, pese a las críticas, en el riesgo de que haya deslocalizaciones. "Lo que no quiero es que otras comunidades recauden a costa de Bizkaia. Es un peligro del que ustedes mismos [en referencia al PNV] alertaron en septiembre", advirtió. En ese mismo mes, aseguró la portavoz, el PNV ofreció unas cifras distintas a las de ayer. "Dijeron que iba a afectar a 4.000 contribuyentes y que se iban a recaudar 45 millones. ¿A qué se debe esa volatilidad? Se lo digo: a que no hay un estudio previo riguroso. Si alguien se va, será muy complicado convencerle para que regrese", aseveró Martínez.
Arana preguntó al PNV los criterios que había seguido para establecer los baremos, ya que, a su juicio, "serán pocos los que paguen". "¿Cuántas personas tienen una casa con un valor superior a los 400.000 euros? La propuesta se queda coja y afectará a poca gente", valoró. El peneuvista Arteta respondió que las cifras se habían fijado por medio de un estudio e insistió en que el impuesto "está armonizado".
La socialista Alexia Castelo recordó a Iruarrizaga que "no es baladí" establecer la base imponible en 600.000 u 800.000 euros, ya que, en el segundo caso, "se exige más al que más tiene".
Colaborar con las comisiones de investigación
La Diputación de Bizkaia ya no podrá ampararse en ninguna norma foral para negarse a facilitar información tributaria empresarial a las comisiones de investigación parlamentarias que se la exijan, como ha venido haciendo el PNV con la supuesta trama de corrupción que tiene como presunto cerebro a Alfredo de Miguel, ex número dos de la formación nacionalista en Álava. Las Juntas Generales aprobaron ayer por unanimidad la reforma de la norma.
La iniciativa había sido planteada por el PSE. Alexia Castelo, juntera de esta formación, se felicitó porque el gobierno foral ya no tendrá más "excusas" para negarse a colaborar en el caso De Miguel. "La Diputación se ha venido valiendo de informes jurídicos para no colaborar con el Parlamento", denunció Castelo. En su opinión, si realmente existían los mencionados problemas legales aducidos por el PNV, la propuesta para modificar la norma debería haber partido del propio partido nacionalista. "De cualquier forma, se acabaron las excusas y ahora toca colaborar y enviar la información que se requiera", añadió.
El peneuvista Josu Arteta respondió que la Diputación no ha negado nunca su colaboración "a las instituciones que lo han requerido", pero siempre, precisó, "dentro de las facultades y los límites que la legislación vigente marcaba en cada momento".
Joseba Andoni Gezuraga, de Bildu, alegó que su formación votaba sí a la modificación de la norma porque considera "necesario" que las comisiones de investigación parlamentarias puedan desarrollar su labor sin trabas. "Nuestra postura es apoyar la transparencia", apostilló.
Por otro lado, los votos en contra del PP y del PNV -el PSE se abstuvo- impidieron que saliera adelante la proposición de norma planteada por Bildu relativa a la modificación del IRPF y de otras medidas tributarias. El oobjetivo de la formación era "corregir la falta de progresividad tributaria". El PP sacó adelante con el apoyo del PNV una proposición no de norma sobre la instauración de bonos y euroviñetas en el pago de los peajes en las autopistas. Los populares aceptaron una enmienda de los nacionalistas para que el nuevo sistema se estudie a lo largo de 2012, y rechazaron otras de Bildu y el PSE.
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