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Bizkaia abona 22 millones de las ayudas sociales ante "la improvisación" de Empleo

La Diputación recuerda que no tenía obligación de pagar la Renta de Garantía

La Diputación de Bizkaia ha pagado las ayudas sociales -Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda- del mes de diciembre a los 36.805 vizcaínos con derecho a cobrarlas. Ello pese a que desde el pasado 13 de diciembre el pago es responsabilidad del Gobierno vasco a través de Lanbide. La institución foral accedió a abonar las nóminas, por un importe total de 22,3 millones de euros, en un acto de "responsabilidad" y ante "la improvisación" del Departamento de Empleo, criticó ayer Pilar Ardanza, diputada de Acción Social.

"Lo hemos hecho conscientes de la falta de previsión del Gobierno. Es un dinero sagrado para personas que no tienen otros recursos y era muy importante garantizar que iba a llegar a su destino. Cualquier pequeño error puede suponer que personas lo pasen mal", agregó.

"Las cosas se podían haber hecho mejor", censura la diputada Ardanza
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Los responsables de la gestión de las ayudas y el empleo del Ejecutivo aseguraron la pasada semana que el traspaso de competencias se estaba produciendo "con normalidad" y en función de lo previsto. Igualmente, expresaron que el hecho de que la ley entrara en vigor antes del 1 de enero no iba a suponer un contratiempo, ya que iban a ser las Diputaciones las encargadas de pagar las nóminas de diciembre. Hasta ahora, el Gobierno ha devuelto siempre el dinero a las instituciones forales a mes vencido.

Bizkaia, sin embargo, ve las cosas de otro modo. El principal resorte de poder que le queda al PNV censuró, por boca de su portavoz, Juan María Aburto, la actuación del Gobierno. "La Diputación no tenía ninguna obligación de pagar a partir del pasado día 12. Pero por un acto de responsabilidad hemos decidido hacerlo. Hubiera sido muy sencillo en la publicación de la ley anotar que entraba en vigor el 1 de enero", consideró Aburto.

Ardanza recordó que ya en 2010 la Diputación creó una comisión para estudiar el traspaso de las ayudas por la complejidad que podía entrañar. Asimismo, destacó que en el último año trasladaron "una oferta de colaboración" al Gobierno y que no obtuvieron respuesta. "Lo único que supimos fue a través del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), cuando se publicó la ley. Al transmitir mi preocupación a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales [Gemma Zabaleta], se nos solicitó que abonásemos las nóminas de diciembre. Sin duda, las cosas se podían haber hecho bastante mejor", apuntó la diputada.

Ardanza precsió que Álava le había comunicado que iba a abonar las ayudas esta semana y que no sabía nada de Gipuzkoa. El Gobierno de esta institución, en manos de Bildu, aseguró recientemente que también iba a asumir el pago de las nóminas.

Ayer mismo se enviaron 44.000 cartas a los perceptores vizcaínos de la RGI para comunicarles que a partir del próximo mes de enero recibirán el dinero de Lanbide y facilitarles los teléfonos a los que llamar ante cualquier problema.

Por otro lado, Aburto criticó "la incompetencia" y "mala gestión" en Metro Bilbao. El portavoz lamentó la escasa información sobre la gestión del suburbano que recibe la Diputación, pese a que cubre el 50% del presupuesto del servicio público. Tras acusar a la dirección de Metro de "prepotente y desleal", pidió que se comparase la gestión actual con la que ejercía el PNV.

Plan de apoyo de las familias

- El Gobierno aprobó en su reunión de ayer el tercer Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias 2011-2015, que cuenta con un presupuesto de 674 millones de euros. De esta cifra, 645 millones proceden del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y el resto lo pondrán Educación, Justicia, Industria, Cultura, Sanidad y Vivienda.

- El plan incluye cuatro líneas estratégicas de actuación:

- La potenciación de las políticas que apoyen a las familias y propicien su autonomía (607,4 millones).

- La difusión de su valor social y de las acciones que lo refuercen, la sensibilización social y la prevención (57,2 millones).

- Coordinación interdepartamental e interinstitucional de las políticas de apoyo y desarrollo de la participación social (1,1 millones).

- Nuevos marcos de actuación en las mencionadas políticas de apoyo (8,7 millones).

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