Un error informático obliga a paralizar las pruebas del expediente electrónico judicial
El Departamento de Justicia ha tenido que suspender la experiencia piloto del denominado expediente electrónico judicial, llevada a cabo en un Juzgado de Primera Instancia y en otro de lo Social en San Sebastián, debido a que un error en el sistema informático generó una situación "cuasi caótica" en los citados tribunales. Según explicó la consejería en una respuesta parlamentaria a la representante peneuvista Ane Urkiola, el sistema informático puesto en marcha requería la firma digital de todos los expedientes presentados en los juzgados participantes, con independencia de que su presentación hubiera sido o no digital.
"Detectado el error, se ha hecho preciso paralizar la experiencia para modificar el procedimiento de firma digital a fin de que esta únicamente sea requerida en aquellos asuntos cuyo inicio haya sido hecho por vía digital", añade la respuesta enviada por la consejera del ramo, Idoia Mendia, con fecha del pasado 19 de diciembre.
Justicia reconoce que el fallo generó casi un "caos" en dos juzgados
Fuentes oficiales del departamento recalcan que, una vez subsanado el fallo, la consejería retomará la experiencia piloto, que sirve de banco de pruebas para su futura implantación en todo el sistema judicial vasco. Euskadi fue la primera comunidad autónoma en poner en marcha una iniciativa de estas características.
La implantación del expediente judicial electrónico conllevará un ahorro anual en toda España de 1,4 millones de horas en la búsqueda de información para jueces, secretarios o funcionarios de los tribunales, al reducir el tiempo de consulta de los expedientes de los cuatro minutos actuales a solo 30 segundos, según el informe Las TIC en la Justicia del futuro, editado por Telefónica a finales del pasado año.
La experiencia piloto en los citados juzgados donostiarras empezó en mayo de 2010, cuando se presentaron simbólicamente tres demandas judiciales a cargo de un fiscal, un abogado y un procurador, que recibieron formación específica para afrontar la transición del papel al digital.
Guipúzcoa y Álava sumaban entonces ya dos años de experiencia en la tramitación digital de procesos judiciales. La novedad radicó en la incorporación de letrados y procuradores, que pudieron contar con acceso a la información de los asuntos en los que están personados. Esto incluye tanto recibir notificaciones, como consultar la agenda, entablar contacto con las demás partes, o iniciar nuevos procedimientos desde sus despachos mediante un acceso web, entre otras cuestiones. La idea era que los implicados no tuvieran que perder tiempo en desplazamientos y colas para seguir el estado de cada procedimiento, a lo que se suma un importante ahorro en papel.
Poco antes del lanzamiento de la experiencia piloto, Justicia llevaba invertido un total de 30 millones de euros a lo largo de la última década en desarrollo y adquisición de equipos.
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