Los partidos deploran la "falta de previsión" del Gobierno vasco con las ayudas sociales

Caos, sorpresa y falta de previsión fueron ayer las palabras más utilizadas por la mayoría de los grupos parlamentarios vascos ante la entrada en vigor de la reforma legal de las ayudas sociales —un texto que traslada la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de los Ayuntamientos y Diputaciones a Lanbide— 15 días antes de lo previsto por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. Grupos como el PNV y el PP, socio del Ejecutivo autónomo, censuraron la actuación de la consejería, que el miércoles reconoció haber tenido que cerrar durante 20 minutos una de las oficinas del Servicio Vasco de Empleo porque el excesivo número de personas "afectaba a la seguridad del local".

La parlamentaria popular Laura Garrido, con quien Zabaleta pactó la reforma legal, registró ayer una pregunta para que la consejera explique en la Cámara la "situación de caos, desorden y desorganización" que se ha vivido en Lanbide como consecuencia de una "absoluta falta de previsión" y la "flagrante incapacidad de Lanbide". La gestión de las ayudas pasó a este organismo el 13 de diciembre y no el 2 de enero como anunció Zabaleta. El resultado es que el Gobierno vasco "ha solicitado a los Ayuntamientos que sigan atendiendo a las citas y nos ha pedido a las Diputaciones que paguemos el mes de diciembre", explicó ayer el diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, en un comunicado.

Javier Ramos, director del Servicio Vasco de Empleo, negó en una carta remitida a este periódico que haya habido imprevisión en Lanbide y destacó: "Nuestro organismo no fija la publicación de una ley. Lo hace el Parlamento vasco".

Para Garrido, en cambio, la situación creada supone una "improvisación y una incapacidad de gestión". "Tenían que haber tenido previsto algo a lo que la ley les obliga", afeó, al tiempo que calificaba la actuación del Gobierno autónomo como "más que un despiste, un desorden en todo lo relativo a Lanbide".

Tanto el PP como el PNV se mostraron sorprendidos ante el adelanto de la entrada en vigor de la reforma legal. La portavoz peneuvista en materia de prestaciones, Garbiñe Sáez, aseguró: "No sabíamos que entraría en vigor en diciembre", aunque reconoció que preveían lo que está pasando, en referencia al cierre de la oficina de Vitoria el lunes. Este episodio, aseguró, puede ser "generalizado" en el resto de instalaciones del Servicio Vasco de Empleo.

"Falta de previsión" y "colapso" fueron las palabras empleadas por la portavoz peneuvista, quien recordó que su partido trató de demorar la entrada en vigor de la norma un año hasta que Lanbide pudiese ofrecer el servicio. Su enmienda fue rechazada.

Aintzane Ezenarro, portavoz de Aralar, apuntó: "El proceso de urgencia [en la tramitación de la reforma] nos ha llevado a la actual situación de cuasicaos que se está viviendo". Coincidió en señalar que este "es un síntoma más de la falta de previsión del Gobierno". Desde EA, Juanjo Agirrezabala censuró el "colapso impresionante" de las oficinas y Mikel Arana, de EB, calificó como "a salto de mata" el trabajo de la consejería en este área.

El director de Lanbide sostiene en su carta a EL PAÍS que "desde el primer día en que entró en vigor la ley, el personal de Lanbide estaba preparado para dar servicio a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Prueba de ello es que, a fecha de ayer, habíamos dado 3.200 citas". Dichas citas, de las que este periódico ya informó ayer, empiezan en enero, fecha en que Zabaleta pensaba asumir las ayudas, no desde el 13 de diciembre, cuando legalmente tiene ya que ofrecer el servicio.

En un comunicado posterior, el director de Formación y Garantía de Ingresos, Pedro Sánchez, elevó esa cifra a más de 3.900 personas. Sánchez, quien negó que haya "ningún caos ni colapso", reprochó además al Diputación guipuzcoana actuaciones que "han producido zozobra entre los perceptores y una alarma social infundada".

Ander Rodríguez, de su lado, niega que el Servicio Vasco de Empleo pueda asumir la tarea: Lanbide "se ha visto incapaz de asumir las competencias que le corresponden". La entrada en vigor de la ley el 13 de diciembre hace que las Diputaciones pierdan tener la competencia sobre el pago de las ayudas, que pasa a Lanbide. Álava y Gipuzkoa confirman que han acordado pagar este mes, aun sin competencia. Bizkaia se limita a señalar que trabaja "en esa misma línea".