Economía reclama transparencia y más inspección fiscal a las Diputaciones

El celo de las Administraciones tributarias vascas con sus contribuyentes llega al extremo del oscurantismo. Los informes integrados de las haciendas, que en España y Navarra se manejan apenas tres meses después de vencido el ejercicio, en Euskadi hacen públicos con dos años de retraso. El último disponible en la web del Ejecutivo con los datos proporcionados por Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, es de 2009.

Aunque las Diputaciones facilitan algunos datos durante la presentación de sus campañas de impuestos, los realmente homologables sólo llegan después de pasar todo un curso en la cocina hasta que finalmente ven la luz. Pero incluso en ese caso los datos no son, a veces, del todo compatibles.

Ambas partes buscan hoy un acuerdo para luchar contra el fraude

Los datos que ofrecen las tres Diputaciones no son homologables

Según los informes integrados de la Hacienda vasca, la lucha contra el fraude de las tres Diputaciones es desigual. La serie que conforma la estadística con las actas formalizadas por la inspección de Hacienda de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa desde 1999, es decir las actas derivadas de campañas concretas contra bolsas de fraude, dejan a la Hacienda vizcaína en una situación comprometida. De las tres haciendas es la que menos dinero logra aflorar a través de la actividad inspectora.

Aunque Bizkaia ha logrado aflorar más dinero que las otras dos en los años 2000, 2001, 2003, 2006 y 2007, las diferencias no han guardado ningún año proporción alguna con el tamaño de su economía y de su recaudación anual de impuestos. El año record de recaudación de la inspección de Hacienda de Bizkaia fue 2006 cuando las actas formalizadas ascendieron a 71 millones, mientras que Gipuzkoa ha superado esa cifra en tres años, 2005, 2008 y 2009. Incluso Álava ha superado a Bizkaia en los ejercicios de 2002, 2004, 2005, 2008 y 2009.

Según estos datos, Bizkaia es la provincia menos activa en materia de inspección y la que, en términos generales, menos recauda por esa vía. La única explicación oficial ofrecida sobre esa realidad estadística es la que figura en uno de los informes, el de 1999 a 2004, en el que precisa que en el caso de Bizkaia no se incluyen los "datos sobre expedientes relativos a delito fiscal", aunque esa anotación desaparece en la serie posterior que va de 2004 a 2009 en el último de los in formes disponibles. Teóricamente en esa tabla las tres diputaciones vierten datos comparables.

Curiosamente los datos que figuran en las estadísticas oficiales como el dinero que cada administración aflora en sus campañas de fraude fiscal, nunca coincide con los que luego hace públicos cada administración. Salvo en el caso de Álava. Sus cifras sí coinciden.

Los datos que cada diputado de Hacienda ofrece al hablar de los resultados de la lucha contra el fraude fiscal incorporan otros conceptos que generan incluso polémicas entre ellos. El pasado año el ya ex diputado de Hacienda, José Luis Cimiano, del PNV, criticó a sus homólogos de Bizkaia y Gipuzkoa, del PNV y Hamaikabat, respectivamente, por ofrecer unos datos que no permitían comparación e incorporaban conceptos que mejoraban el resultado de manera ficticia.

El Organo de Coordinación Tributaria que se reune hoy estudiará la posibilidad de acelerar la elaboración de esos informes pero además con criterios comparables para analizar la efetividad de cada campaña prácticamente al momento.

El Gobierno presionará hoy a las tres Diputaciones para avanzar en la transparencia, en la coordinación y en la inspección conjunta de tributos con el objetivo de intentar aflorar parte del dinero que ahora se escapa del control de las arcas públicas. El Ejecutivo, la única institución de las presentes en el OCT que no tiene capacidad de decisión sobre el ingreso, intentará que las tres diputaciones se avengan a cumplir la Ley de Coordinación y Armonización fiscal, que prevé campañas conjuntas.

En un contexto en el que las haciendas van a recaudar 700 millones menos de lo previsto, situándose en los niveles de 2005, y después de una minireforma fiscal que no va a mejorar sustancialmente el ingreso, la lucha contra el fraude fiscal es la última baza que el queda al Ejecutivo para lograr más fondos.