Palo a la prensa

La Comisión Nacional de la Competencia ha multado a dos empresas periodísticas, PRISA, editora de EL PAÍS, y Zeta, de El Periódico de Catalunya, que habían establecido un acuerdo de comercialización conjunta de los espacios publicitarios de los periódicos de ambos grupos, por considerar que podía alterar la competencia en el mercado publicitario. El procedimiento fue iniciado por la CNC después de que ambas empresas comunicasen voluntariamente al regulador un acuerdo de concentración al que dieron publicidad y del que especificaron que estaba pendiente de su visto bueno. Durante su tramitación, el organismo amplió la investigación a un acuerdo anterior de 2002, ya decaído, por el que se comercializaba conjuntamente la publicidad de los suplementos El País Semanal y El Dominical, sin que hubiera denuncia ni objeciones por parte de competidores, agencias de publicidad o anunciantes. Aunque el último de los acuerdos nunca entró en vigor, porque estaba condicionado a su autorización, inexplicablemente la CNC ha multado a Zeta con 75.931 euros y a PRISA con 478.611 euros.

Ambas empresas han recurrido las resoluciones y multas, entre otras razones por los antecedentes de anteriores actuaciones del regulador que se resolvieron sin sanciones, con la aceptación por la autoridad de la terminación convencional del acuerdo decidido por las empresas editoras.

La prensa impresa se halla en una crisis profunda, que ha eliminado millares de puestos de trabajo y situado en dificultades a numerosas empresas por el descenso de las ventas, fruto del auge de los medios digitales, y por la caída de la publicidad, debido a la recesión económica. Los pactos entre empresas para gestionar conjuntamente espacios publicitarios responden a estrategias para reforzar su posición en el mercado, algo que de ninguna manera causa perjuicios a los anunciantes y de lo que depende, en cambio, la posibilidad de sostener el pluralismo y garantizar la libertad de expresión.

Es muy escaso el apoyo que encuentra la prensa por parte de las Administraciones en un momento de enormes dificultades para el sector en todo el mundo, pero lo menos que se debiera pedir a los organismos reguladores es que con sus actuaciones no ayuden a hundirla. Un organismo que vela por la competencia no puede guiarse por un frío reglamentismo ajeno a la realidad: las crecientes dificultades de un sector crucial para la democracia.