Otro condenado por asesinar a su esposa cobra por viudedad

Nemesio Antonio Pisonero Domínguez, condenado a 26 años de cárcel por matar a tiros a su mujer y a un hijo de ambos en Laguna de Duero (Valladolid) en 1998 cobra desde entonces la pensión de viudedad por la fallecida. El hombre, que ha recibido del Estado unos 124.000 euros, cumple su pena en la cárcel de Pereiro de Aguiar (Ourense). El de Pisonero Domínguez es el segundo caso de estas características detectado en los últimos días.

El condenado, profesor de instituto como lo era su mujer, María Teresa de Jesús Trapote, ha cobrado durante los últimos 13 años la prestación por viudedad a través del régimen de clases pasivas -el sistema de pensiones de los empleados públicos, y que depende del Ministerio de Hacienda- unos 800 euros al mes, según relató ayer el diario El Faro de Vigo. Además, desde marzo pasado el condenado suma a esa pensión de viudedad su propia jubilación. En total, recibe de las arcas públicas unos 2.400 euros mensuales.

Es el segundo caso en pocos días de un parricida que cobra por viudo

El Ministerio de Hacienda, que aseguró que hasta ayer que desconocía la situación del condenado, manifestó su intención de revocar inmediatamente la pensión que recibe. Por ello, explicó un portavoz, han pedido a la Abogacía del Estado que estudie la viabilidad legal de hacerlo.

Será este órgano -que presta el asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado- quien determine si la orden ministerial de 1967 que desarrollaba el régimen general de la Seguridad Social se puede aplicar a Pisonero. Esta norma dice que la pensión de viudedad se extinguirá si aquel que la recibe tiene una condena firme por la muerte del causante de la prestación. No está claro que se le pueda aplicar esta norma porque, como empleado público, Pisonero podría estar sometido a otra regulación.

En ese caso, explican fuentes jurídicas, tendrían que intentar echar mano de la ley integral contra la violencia de género, que en 2007 incluyó una disposición adicional que impide que los asesinos cobren estas pensiones. Una medida a la que se añadió la creación de un registro de condenados en el que Justicia, Igualdad, Trabajo y Economía y Hacienda cruzan sus datos para evitar situaciones como las de Pisonero. No obstante, las leyes no tienen efecto retroactivo y este profesor asesinó a su esposa en 1998.

Una de las abogadas de la familia de la víctima, Doris Benegas, calificó ayer el caso como "sorprendente" y ha solicitado la suspensión de la prestación, informa Efe. También la secretaria de Igualdad en funciones, Laura Seara, ha reclamado que se revoque de forma urgente la pensión de viudedad a Pisonero y ha instado a los ministerios de Economía y Hacienda y a Trabajo a que investiguen si hay más casos.

Ángela Cerrillo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, cree que el dictamen de la Abogacía del Estado determinará que sí se puede revocar la pensión de Pisonero. Habrá que ver después, matiza, si es posible reclamarle lo que ya ha cobrado.

Pisonero Domínguez, que, según comentaron fuentes del centro en el que cumple su pena, presumía de recibir la pensión de viudedad, solicitó esa prestación cuando estaba prisión provisional. Su sentencia no fue firme hasta 2001, fecha en la que el Tribunal Supremo redujo su pena de los 32 a 26 años.

Este exprofesor de Matemáticas, que perdió su condición de funcionario en 2003 por el doble crimen, goza desde 2009 del tercer grado penitenciario. Esto le permite salir a diario de la cárcel, adonde regresa para dormir. Además, una vez al mes disfruta de una semana de total libertad.

El doble homicida sale todos los días a las siete de la mañana del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) y no regresa hasta las nueve de la noche. Se mueve en una potente moto o en un Passat Coupé negro metalizado y tiene permiso para acudir mañana y tarde a clases de informática en una academia. Beneficios que fueron concedidos por el juez de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra y Ourense pese a la negativa de la junta de tratamiento de la prisión. El juez valoró entonces que el condenado había pagado las indemnizaciones para su otro hijo y su suegra.

El caso de este exfuncionario sale a la luz tan solo unos días después de que el Ministerio de Trabajo revocara la pensión de viudedad a un hombre que mató a su mujer en 2005 en Sils (Girona) y que estuvo cobrando la prestación durante seis años. Llorenç Morell, condenado a 18 años de prisión por la Audiencia de Girona en 2007, ha recibido hasta la fecha unos 40.000 euros de las arcas públicas. Mientras, la familia de la víctima todavía no ha recibido la indemnización de 85.000 euros que fijó el juez que dictó la sentencia condenatoria.