Hacienda embarga a un enfermo de sida por no pagar el tratamiento

José Díaz no sospechaba en 2007 que podía estar infectado por el VIH. Un día fue a donar sangre al centro de transfusión de Jaén y allí descubrieron que era seropositivo. Desde el propio centro le remitieron a la unidad de infecciosos del hospital de Jaén, donde al cabo de unas semanas empezaron a tratarle. Pero ni José, que es guardia civil, dijo que su cobertura sanitaria correspondía a la compañía Asisa, ni el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le puso pegas para tratarle. La sorpresa llegó cuando, unos meses más tarde, la Consejería de Salud le reclamó 5.600 euros por los medicamentos que le habían ido administrando durante nueve meses.

"Todo es una falta de coordinación tremenda", sostiene Fernando Osuna, el abogado de José, que lleva tres años batallando en los tribunales para librarse de una deuda que él entiende que no es suya y por la que Hacienda le ha embargado la casa, una plaza de garaje y la devolución del IRPF. "Él solo siguió el itinerario que le dijeron los médicos. Del centro de transfusiones le mandaron a la unidad de infecciosos y nadie le dijo que eso podía ser tan caro y que podía haber problemas con Asisa", afirma el abogado.

El SAS ha reclamado el pago a la aseguradora, pero la compañía aduce que no han sido sus médicos los que han prescrito los fármacos y que nadie le comunicó que su asegurado era seropositivo y estaba tratándose en el SAS. La Consejería de Salud afirma que ha seguido el procedimiento habitual cuando se trata de un paciente con una dolencia grave: primero se le trata y luego se informa a la compañía privada para que abone la factura. "Nosotros consideramos que el dinero nos lo debe Asisa, no el paciente", afirma un portavoz del SAS.

La versión del abogado es otra: "Se están pasando la patata de uno a otro y el que lo tiene todo embargado es José, que está claro que no es el que debe pagar la factura". Sin embargo, es él quien recibió la carta en la que se le comunicaba la deuda y por eso ha llevado al SAS a los tribunales. El enfermo pidió por vía judicial la suspensión del embargo y un Juzgado de Sevilla lo aceptó a cambio de que consignara el dinero ante el juez. Pero José no lo hizo y el embargo sigue vigente.

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Isfas, el organismo que gestiona el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil tampoco se ha hecho cargo del asunto. "Es un desarreglo económico y administrativo total", ha afirmado el paciente en declaraciones a Canal Sur. Su abogado teme que la historia pueda repetirse porque José, que ahora está de baja, ha seguido recibiendo tratamiento y no sabe si Asisa se va a hacer cargo.

El juicio entre José y el SAS estaba fijado para el pasado martes, pero la vista se suspendió a petición del abogado de la Junta, que solicitó la comparecencia de un representante de Asisa y del Isfas.