La "nueva estafa" de los últimos 'papeles de Salamanca'

El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, calificó ayer de "nueva estafa del Gobierno" la paralización de envío a Cataluña de las últimas 386 cajas que contienen 86.000 documentos de los llamados papeles de Salamanca, el material incautado por las tropas franquistas tras la Guerra Civil, que se guardan en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. El Ministerio de Cultura, cuya titular en funciones, Ángeles González-Sinde, prometió que el proceso de restitución habría acabado antes de final de año, anuló el martes la reunión del patronato de esta institución con sede en Salamanca, presumiblemente por las presiones de las autoridades municipales y autonómicas que se oponen a la entrega de este material.

La Comisión de la Dignidad recurrirá ante los tribunales internacionales

Mascarell pidió ayer que se reúna la comisión mixta esta misma semana, si puede ser el viernes, para saber qué ha ocurrido y lamentó no haber recibido ninguna explicación "razonada" de por qué González-Sinde anuló la reunión. "Es un incumplimiento más, una manifestación de la incomprensión del Estado de cuál es el significado y valor que estos papeles tienen para la dignidad del pueblo catalán, papeles que nadie discute que sean una usurpación, consecuencia de un botín de guerra".

La Comisión de la Dignidad, por su parte, anunció ayer que recurrirá a los tribunales si no regresan los papeles, pero el consejero evitó pronunciarse sobre este punto, señalando tan solo que el tema se tratará el martes que viene en la reunión del Consell Executiu de la Generalitat.

El portavoz de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, considera que el hecho de que no regresen los papeles supone un claro incumplimiento de la ley, puesto que hay una norma que así lo establece, razón por la que iniciarán acciones legales para exigir que se cumpla la legislación. Si el Estado mantuviera los papeles en Salamanca, la comisión acudiría a la justicia internacional, concretamente al Consejo Internacional de Archivos y a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), porque se trata "de un derecho humano la restitución de las víctimas de las dictaduras, también en lo relativo a la documentación".

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y las autoridades castellano-leonesas creen que se han producido "irregularidades" en los anteriores traslados y desean revisar el proceso. También consideran lógica la decisión del ministerio, no por cuestiones de "legalidad y de justicia", sino de "legitimidad democrática", porque las circunstancias "han cambiado".