El Gobierno quiere bajar por ley un 15% el gasto autorizado en las campañas

El proyecto de ley para modificar la ley que rige las elecciones al Parlamento vasco y que el Gobierno aprobó ayer, propone algunas modificaciones, unas de simple utilidad práctica y eliminación de discriminaciones, y otras de cierta significación política y económica. Entre estas últimas destacan dos: la prohibición para el Ejecutivo de promover el ejercicio del voto, es decir, de fomentar la participación en las elecciones, y la decisión de reducir en un 15% el gasto máximo que los partidos tienen autorizado realizar en sus campañas. Se trata, afirma el Gobierno, de "adecuarse a la situación de crisis y contención del gasto público". En las próximas elecciones las subvenciones a las candidaturas quedarán congeladas si se aprueba la norma.

El proyecto incorpora también la restricción, ya contenida en la Ley que regula la publicidad y la comunicación institucional, de realizar campañas institucionales que puedan resultar en iniciativas de autobombo o venta de gestión.

La prohibición de incentivar el ejercicio del voto no puede interpretarse sino como una iniciativa de respeto por la opción que realizan muchos ciudadanos por la abstención, Igualmente clarifica en qué supuestos el voto se considera nulo y prohíbe la difusión de propaganda electoral antes de que comiencen las campañas.

La reforma también contempla la actualización de las diferentes cuantías económicas recogidas en varios de sus artículos en función tanto del coeficiente corrector del IPC como de lo establecido por la legislación orgánica en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Consulados

En terrenos más prácticos, la nueva ley permitiría el voto presencial en consulados a quienes residen permanentemente en el extranjero. Se incluyen también nuevas causas de inelegibilidad, para altos cargos de sociedades públicas o participadas, también para los de EITB, mientras sí podrán presentarse a las elecciones subdirectores o delegados territoriales de departamentos del Gobierno.

La incompatibilidad sobrevenida permitirá excluir a parlamentarios de candidaturas que se declaren ilegales, salvo que se separen y las rechacen.

Las mujeres embarazadas o que estén amamantando podrán pedir ser excusadas de integrar las mesas electorales y, por contra, se facilitará el acceso a ellas, y al voto, a personas discapacitadas, por medio de intérpretes o del uso del método Braille.