La Xunta dice que no le atañe aplicar la Ley de Memoria Histórica

La aplicación de la Ley de Memoria Histórica no es un asunto que concierna a la Xunta, despejó ayer el director general de Relacións Institucionais e Parlamentarias del Gobierno gallego, Roberto Castro. El alto cargo, que respondió en comisión a una pregunta del PSdeG sobre la aplicación de la norma, reprochó incluso al bipartito que se encargara "de esas cosas". "Así les fue, dejaron de lado otras prioridades", criticó. Castro aseguró que los artículos de ley "no tienen nada que ver con la Xunta" y que es tarea del Gobierno central "cumplir lo que aprobó con media España en contra". "Debería preguntarle al Gobierno qué hizo además de resucitar asuntos que la sociedad española ya tenía superados", apuntó.

El diputado socialista José Manuel Lage Tuñas replicó a Castro que omite la colaboración entre Administraciones que refleja la ley para los casos de identificación de víctimas y la retirada de símbolos franquistas. A continuación, lo interrogó sobre por qué Galicia "es de las pocas comunidades que no ha firmado ningún acuerdo de colaboración" con el Estado en estas materias. Lage afeó a Castro la "actitud reprochable" de la Xunta sobre el cierre del Pazo de Meirás en agosto. "¿Por qué hay una ausencia de compromiso democrático? Excepto que ustedes legitimen otro sistema que no es democrático o excepto que legitimen el tiro en la nuca. Si estuviéramos en otro país europeo ningún partido de centro derecha cuestionaría lo que estoy diciendo aquí", afirmó. "Podría pedirle que no se pase en su uso de la libertad de expresión", replicó Castro.

"Mirar hacia delante"

El alto cargo de la Xunta insistió en la idea de que mirar para atrás se debe hacer solo "para coger impulso" y apeló a la "renuncia legítima de posicionamientos" de ambos bandos en la Transición como el cierre de esa "etapa". Castro explicó que la labor de la Xunta en el ámbito de la memoria histórica se centra en "aspectos estrictamente culturales": el proyecto de investigación universitaria Nomes e voces, que se inició con el bipartito, y las actividades de la Illa de San Simón. El primero, sin embargo, pasó de tener 240.000 euros de la Xunta en el primer año del Gobierno del PP a una inversión de 30.000 euros el pasado año. En 2011, la Administración gallega dejó de aportar dinero. "Me quedo con la voluntad integradora y con el ánimo de mirar hacia delante", cerró.