Lamarca pide más garantías para los receptores de ayudas

El ararteko, Iñigo Lamarca, reclamó ayer más garantías para los perceptores de ayudas sociales al reivindicar, como recomendación general a los Ayuntamientos vascos y las Diputaciones, que ante la existencia de indicios de pérdida de requisitos para acceder a las prestaciones se aplique con carácter general la suspensión cautelar del pago y no la del propio derecho. El propio Defensor del Pueblo vasco detalló ayer que en los dos últimos años se han sucedido las quejas ciudadanas sobre esta cuestión. Solo de enero a junio se registraron 145.

Lamarca hizo pública una recomendación general con la que quiso posicionarse, en plena crisis económica, sobre el conflicto suscitado en torno a las medidas adoptadas por algunas instituciones al tener sospechas de que había beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Viviendas que no cumplían con las condiciones de acceso a la ayuda. Según advirtió, la práctica totalidad de las quejas recibidas en su oficina se refieren a suspensiones del derecho a la prestación "sin que en ninguno de los casos se hayan aplicado medidas cautelares previas".

El Defensor del Pueblo reclama que se anule el pago en lugar del derecho

El Ararteko recordó que cuando se suspende el derecho a una prestación social no existe posibilidad de reembolso, aunque se demuestre a posteriori que la Administración no tenía razón. Por eso, propuso que si no se confirman los indicios de incumplimiento de requisitos se proceda a la reanudación de la ayuda desde el momento en el que se produjo la anulación, con el reintegro de las cantidades no percibidas. En todo caso, defendió que antes de adoptar medidas de esta índole, se inicie un trámite de audiencia en el que las personas afectadas puedan presentar alegaciones para evitar situaciones de indefensión.

A través de su escrito, de diez páginas, el Defensor del Pueblo vasco reclamó también a las autoridades municipales y forales que en los escritos por los que se comunican las suspensiones de ayudas, "se exprese de forma clara cuál es el motivo exacto" por el que se produce. Además, aconsejó que ante la posible existencia de un cobro de indebidos, se inicie un nuevo procedimiento, con su correspondiente trámite de audiencia.

Por último, Lamarca recogió en sus consideraciones generales que en el caso de constatarse el cobro de cantidades indebidas, no se aplique de forma automática el máximo descuento del 30% sobre las prestaciones futuras previsto por la Ley, sino que se atienda a las circunstancias particulares de la unidad de convivencia afectada. Una consideración que planteó consciente de que son las familias más desfavorecidas las que recurren a las ayudas sociales.