El juez cita a las traductoras rumanas

El juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, ordenó ayer una batería de 45 diligencias. Una de las solicitudes más llamativas fue el oficio al jefe superior de Policía de Valencia para que localice a las cuatro mujeres rumanas con las que el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta se alojó en hoteles de Benicàssim y Alicante a cargo de la sociedad pública para que declaren como testigos. Cuesta sostuvo ante el juez que al menos una de las mujeres le hacía de traductora, aunque no pudo explicar qué tenía eso que ver con su estancia compartida en los hoteles.

La mayor parte de la providencia se dirigía, sin embargo, a Epsar, la entidad de la Generalitat que financiaba a Emarsa y que triplicó la inyección económica durante los años en que fue saqueada. El juez reclama una justificación de por qué Epsar impuso a Emarsa que pagase un precio desorbitado (80 euros por tonelada frente a los 42 inicialmente fijados) para el tratamiento de fangos precisamente a una de las empresas investigadas. Exige conocer el control realizado por Epsar de la cantidad de lodos generados por la planta de Emarsa y su destino. Solicita las indicaciones que Epsar dio a Emarsa para el procedimiento de depuración y así hasta nueve peticiones que la entidad del Consell debe responder en un plazo de cinco días.

El instructor requiere al Ayuntamiento de Valencia que explique si recalificó suelo para la instalación de una planta de secado solar de lodos en Emarsa, como dio a entender el exgerente Esteban Cuesta. Exige a las cuatro personas que supuestamente solo iban a la sociedad para cobrar justificantes de los trabajos que habrían realizado; plantea a las partes si consideran adecuado imputar a Daniel Calzada, constructor que facturó un millón de euros a Emarsa; y pide documentación a los proveedores de Sebastián García.