Van Rompuy tiene su plan para Europa

Bruselas propone un plan de acciones inmediatas y reformas del Tratado para afrontar la crisis de manera más decidida, especialmente la falta de liquidez de la banca. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, han elaborado un plan que detalla "un pacto fiscal" que será debatido en la cumbre de los próximos 8 y 9 de diciembre. Entre las medidas inmediatas destaca la posibilidad de que el fondo de rescate permanente, denominado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pueda recapitalizar directamente a los bancos y tener las características de una institución de crédito. Ello le permitiría recibir financiación del Banco Central Europeo (BCE).

La Comisión quiere reforzar el control presupuestario de la zona euro

Van Rompuy y Barroso han ido por fin al corazón del problema financiero que padece Europa: una economía paralizada y abocada a una nueva recesión por la falta absoluta de crédito debido a la desconfianza existente entre los bancos a prestarse entre sí y a su insuficiente capitalización. Hasta ahora, la UE solo autorizaba el uso del fondo de rescate de manera indirecta, permitiendo que prestara a los Estados y estos dispusieran las ayudas oportunas a los bancos. Nunca se utilizó. La propuesta incluye también otras modificaciones del MEDE, como la de permitir aumentar su capacidad por encima del límite actual de 500.000 millones de euros.

Con el objetivo de restaurar la confianza en los mercados de deuda soberana, ambos mandatarios aclaran que la restructuración de la deuda griega, con la consiguiente pérdida para los titulares de bonos, mayoritariamente bancos, es un caso único.

Entre los cambios propuestos para el MEDE se flexibiliza la regla de toma de decisiones. Sarkozy y Merkel propusieron el día anterior que los acuerdos no se tomaran por unanimidad, sino por una mayoría del 85% de los votos. En su regulación actual, el Consejo de Gobernadores del MEDE debería tomar "de mutuo acuerdo" las decisiones más importantes, como "la concesión de asistencia financiera, las condiciones de asistencia financiera, la capacidad crediticia del MEDE y los cambios en la gama de instrumentos". Ahora se sugiere que los acuerdos se alcancen en línea con las prácticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que la regla de la unanimidad se deja por un limitado número de casos.

En el paquete de acciones inmediatas que deberían ser aprobadas en el Consejo Europeo del próximo marzo, figuran las dos iniciativas para reforzar la disciplina presupuestaria, presentadas por Barroso el 23 de noviembre. Se trata de medidas añadidas a las seis medidas legislativas de reforma del pacto de Estabilidad y refuerzo del Gobierno Económico adoptadas el 16 de noviembre.

El añadido de la Comisión pretende el refuerzo del control presupuestario de los países de la zona euro. Bruselas quiere tener el derecho a "pedir la revisión de los proyectos de presupuestos si considera que incumplen seriamente las obligaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento". Todo esto se realizará públicamente para asegurar la completa transparencia. En el supuesto de los países sometidos a procedimientos de déficit excesivo (porque han superado el 3% de déficit o el 60% de deuda), los controles serán más rigurosos. A los países de la zona euro se les podrá exigir que elaboren sus presupuestos sobre previsiones independientes.

Según la propuesta comunitaria, los presupuestos nacionales serán elaborados y votados lógicamente por los Parlamentos nacionales, que siempre tendrán la última palabra sobre los mismos. Pero a diferencia con la situación actual, si se aprueba la norma, la Comisión tendrá el derecho de emitir una opinión y podrá pedir cambios. Además, por primera vez, los Parlamentos nacionales tendrán información de todos los demás países de la zona euro.

Por otra parte, la Comisión también reforzará sus poderes de supervisión fiscal sobre los países que sufren o están amenazados por una grave inestabilidad financiera. En estos casos, la Comisión propondrá al Consejo que tenga el poder de emitir una recomendación a un Estado instándole a que pida asistencia financiera.

La propuesta deja abierta la posibilidad de emisión de eurobonos siempre que antes se logre un endurecimiento de la disciplina presupuestaria.

Sobre la reforma del Tratado de presentan dos escenarios. Uno por la vía rápida, que supondría la modificación del protocolo 12, (procedimiento por déficit excesivo), que sólo requeriría una aprobación por unanimidad del Consejo a propuesta de la Comisión, tras consulta con el Parlamento Europeo y el BCE y sin necesidad de ratificación a nivel nacional. Esta reforma incluiría la obligación de los Estados miembros de lograr el equilibrio presupuestario dentro del ciclo económico. También se incluiría la obligación de los Estados de consagrar en su ordenamiento jurídico, preferentemente en su Constitución, la regla de oro de equilibrio presupuestario. El Tribunal de la UE tendría competencias para vigilar la aplicación de esta ley.

Una segunda opción más ambiciosa, que implicaría una reforma del Tratado a través del artículo 48, y que exigiría la ratificación por los Estados, perseguiría la implantación de sanciones más automáticas a los países infractores de los criterios de déficit o deuda y la posibilidad de exigir cambios en las propuestas de los presupuestos que no se adecuaran a los criterios de la Comisión Europea.