¿Sanciones con trampa?

Las nuevas sanciones "automáticas" a los incumplidores de los criterios de convergencia (déficit máximo del 3% del PIB; deuda máxima del 60%) que sugieren, sin detalle, la canciller Merkel y el presidente Sarkozy, entrañan una gran esperanza: la de que nos acercamos, finalmente, a emprender un gran paso adelante en la unión económica, que desborde la simple unificación monetaria.

¿Optimismo? Simple memoria de lo que ha sucedido. Los techos de deuda y déficit se incorporaron al borrador del Tratado de Maastricht, cuando ya su negociación había avanzado mucho a lo largo de 1991. La tecnoestructura del poder alemán (Bundesbank y alta administración económica) se creyó que podía tumbar la cruzada del canciller Helmut Kohl para la nueva moneda, cuando esa era la contrapartida a la aceptación por los demás de la unificación monetaria alemana, y de la reunificación como tal. Tardó en reaccionar, pero pudo incluir normas numéricas para imponer cierta ortodoxia presupuestaria. Llegó en el penúltimo minuto.

París y Berlín han sido malos alumnos 14 veces; España, solo 4

La historia se repitió más tarde. En 1996 empezó a fraguarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que preveía imponer sanciones económicas a los malgastadores que incumplían los criterios de Maastricht: reprimendas públicas, depósitos en metálico y multas. Fue entonces y no antes, porque esa misma tecnoestructura, también con retraso, empezó a percatarse de que el camino a la moneda única era irreversible para finales de 1999, solo cuando la cumbre de Madrid que la bautizó como "euro", así lo ratificó en diciembre de 1995, detalla Ulrike Guérot (L'Europe tragique et magnifique, Notre Europe, Saint Simon, París, 2006).

Desde principios de siglo, todos los socios (savo Luxemburgo Finlandia y Estonia) han infringido los límites de deuda y déficit: Alemania y Francia, en 14 ocasiones; España, cuatro veces. Los mismos Estados -cuentan los Estados, no sus Gobiernos- que más rigor propugnan ahora, figuran entre los más incumplidores. Francia no ha tenido un presupuesto equilibrado (a diferencia de España) ¡desde 1974!, como Sarkozy acaba de reconocer, de tapadillo, en su discurso de Toulon. Francia y Alemania no solo incumplieron, sino que estuvieron a punto de ser castigados por la Comisión en 2003, pero movilizaron a los otros Gobiernos para neutralizarla.

El Tribunal de Luxemburgo, al que ahora reclaman como árbitro que dictamine (sic) si las futuras reformas constitucionales son o no contundentes, sentenció que la decisión del Consejo doblegada a sus designios nacionalistas estaba "viciada de ilegalidad" y no fue adoptada "siguiendo las normas de voto previstas" (C-27, 13 de julio de 2004). Hubo, pues, trampa.

Francia y Alemania lograron luego, en 2005, un nuevo texto del PEC que les beneficiaba, con factores correctivos de sus déficits, inventados ad hoc. Escándalo, esa suavización particularista y asimétrica no ha sido corregida.

En el nuevo reglamento del PEC, recientemente aprobado (COM[2010]522final) se endurecen las sanciones. Sobre todo, al crear la "mayoría inversa": la sanción de la Comisión no necesita mayoría a favor. Se aplica si no hay mayoría en contra. Detalle procesal clave: es semiautomática. Pero lo es porque fue el Parlamento el que salvó la norma, pues el Consejo la había tumbado... por influencia de Francia. Que ahora, ¡oh coherencia!, se pretende campeona de un nuevo rigor, esta vez sí, automático.

Bravo por el automatismo, a cargo además de una institución muy comunitaria, y no intergubernamental. Porque es el único mecanismo susceptible de dotar de credibilidad a las sanciones. ¿Cree alguien que de no ser automáticas, alguna otra autoridad se atrevería jamás a aplicarlas a los mandamases del club, Francia y Alemania, como ya intentó el comisario Pedro Solbes y la Comisión en 2003?

Ahora bien, la explicación sobre las sanciones ofrecidas por la pareja en el Elíseo ha sido sospechosamente somera. Omitieron (¿hasta la cumbre?) su idea de añadir a las multas actuales la cancelación de las transferencias de fondos estructurales y de cohesión del presupuesto comunitario a los incumplidores.

Algo que sería incluso aceptable si se garantizase la universalidad de la norma sancionadora: sin importar quién resultase penado. Y si se ampliase el exiguo paquete de solidaridad hacia los países periféricos atribulados por la crisis de la deuda soberana, y de articulación de la unión económica: un verdadero fondo de rescate; un verdadero intervencionismo del BCE; una verdadera deuda europea, un verdadero y suficiente presupuesto.

También es sospechoso el silencio sobre nuevas sanciones políticas, como la privación del derecho al voto a un Estado miembro, que tanto propala el presidente Herman van Rompuy. Y que sería tan inaceptable en una Unión necesitada de más, y no de menos, democracia.