"¿Cómo va a decir ETA que no a un preacuerdo entre PNV, Batasuna y PSE?"

Un mes después de que se iniciaran las primeras conversaciones entre el Gobierno y ETA, el proceso parecía abocado al fracaso. Por eso, según Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos, que impulsó el diálogo para el fin del terrorismo, se decidió abrir la mesa política, donde los socialistas vascos hablaron con Batasuna y con el PNV.

Las reuniones se celebraron a pesar de que los planes anunciados por el Ejecutivo cuando arrancó el proceso consistían en que primero se celebrarían las conversaciones con ETA para el fin del terrorismo, donde se hablaría solo de medidas sobre los presos a cambio del desarme y, a posteriori, se podría tratar de las negociaciones entre los partidos políticos de Euskadi.

De aquellas conversaciones quedó un documento donde se plasmó un acuerdo, que nunca se llegó a firmar porque Batasuna planteó una última exigencia sobre Navarra a los otros dos partidos, que los socialistas rechazaron de plano.

En su libro ETA, las claves de la paz, Eguiguren cuenta los detalles de aquella negociación política con Batasuna.

- Verano de 2006. ETA denuncia la crisis en la que ha entrado el proceso. Se abre la mesa de partidos. Lo más importante en el verano de 2006 fue el comunicado de ETA denunciando públicamente la crisis del proceso, que había comenzado apenas un mes antes.

"La crisis era evidente", cuenta Eguiguren. "Si llegamos a un preacuerdo entre las tres grandes fuerzas políticas, ¿cómo ETA va a decir que no?, argumentaba Otegi. El acuerdo, por tanto, supondría el desbloqueo del proceso, el diálogo Gobierno-ETA empezaría a funcionar y llegaríamos a desarrollar la prevista hoja de ruta".

"En septiembre, Batasuna decidió no legalizarse. Otegi me dijo, a la vuelta del verano, que no se daban las condiciones, que les iban a seguir deteniendo de igual forma. Hoy tengo claro que ETA se lo prohibió".

El argumento que Batasuna utilizó oficialmente para no acogerse a la legalización por la vía de la Ley de Partidos fue que no les ofrecía garantías porque en enero de 2006, antes de la declaración de tregua de ETA, el juez Grande-Marlaska había redactado un auto por el que prorrogaba por dos años la ilegalidad de Batasuna acogiéndose a la vía penal, con lo que dejaba en papel mojado su legalización por la Ley de Partidos.

"Podríamos vernos en el ridículo de pasar por la ventanilla y ser ilegalizados por la vía penal", comentó entonces un dirigente de Batasuna para justificar su negativa al intento de legalización.

- Otegi propone la Mesa de Partidos. Rubalcaba, en contra. En vista de que el proceso diseñado en Ginebra y Oslo en el verano de 2005 no arrancaba, Arnaldo Otegi le propuso a Jesús Eguiguren la posibilidad de celebrar reuniones entre el PSE, Batasuna y el PNV "para llegar a un preacuerdo de lo que sería la Mesa de Partidos". "Tengo que decir que el ministro del Interior [Alfredo Pérez Rubalcaba] no estaba de acuerdo, porque a su juicio esas reuniones rompían el esquema de, primero, la paz, y después, la política; una expresión que acuñó Josu Jon Imaz [entonces presidente del PNV] y que tuvo éxito. Yo defendí la propuesta de Otegi, al considerar que solo se rompía relativamente la hoja de ruta, porque lo que se pretendía no dejaba de ser un preacuerdo. El PSE apoyó mi propuesta y el PNV, aunque con escepticismo, también. Me encargué yo mismo de hablar con Imaz para convencerle. Ese fue el germen de las conversaciones de Loiola", relata Eguiguren.

En el mes de septiembre Otegi llevó a Txillarre, el lugar donde se reunía con Eguiguren desde el año 2000, un folio en el que se detallaban los puntos de discusión para un futuro acuerdo según el criterio de Batasuna, que naturalmente habría que consensuar:

1. Sobre el carácter y la identidad nacional del pueblo vasco.

2. Sobre los mecanismos que permitan a la ciudadanía vasca adoptar, libre y democráticamente, decisiones en torno a su futuro político e institucional.

3. Sobre la garantía y el respeto a todos los derechos de la ciudadanía vasca.

4. Sobre la articulación institucional.

5. Incorporación de los acuerdos al marco jurídico y referéndum popular.

Una basílica entre Azpeitia y Azkoitia "levantada donde está la casa-torre de los Loiola" y santuario guipuzcoano de los jesuitas fue el lugar de las reuniones secretas que mantuvieron durante más de mes y medio seis dirigentes de Batasuna, PSE y PNV.

Las conversaciones de Loiola tuvieron lugar con regularidad entre el 20 de septiembre y el 10 de noviembre de 2006.

A ellas asistieron Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares, por el PSE; Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu, por el PNV, y Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria, por la izquierda abertzale (Batasuna). El objetivo que buscaban, según la versión que ofrece el negociador Eguiguren, era desbloquear el proceso de paz a través de un preacuerdo que configurara lo que debía abordarse y cómo en la Mesa de Partidos.

Para intentarlo partían de las posibilidades que ofrece la Constitución española al otorgar un tratamiento diferenciado a Gipuzkoa, Álava, Bizcaia y Navarra, lo que abría, a su entender, una puerta a la futura formación de una entidad común, de una entidad interparlamentaria entre la Comunidad vasca y la Comunidad navarra, a través de un proceso vinculado a la voluntad de vascos y navarros. Ambas comunidades podrían ceder competencias hasta formalizar una comunidad única. "La Constitución ofrece esa posibilidad. Todo dependería, al final, de la libre decisión política de vascos y navarros", reflexiona Eguiguren.

- Reforma de los estatutos de Euskadi y Navarra. Tras varias reuniones, llegaron a un principio de acuerdo, consistente en la formación de dos mesas y una propuesta de reforma de los estatutos de Euskadi y Navarra, cuyos destinatarios eran sus respectivos parlamentos.

En la reforma de los estatutos se dejaba una posibilidad a la regulación del derecho a decidir que solo era posible en un escenario de ausencia de terrorismo. En las Cortes se ratificaría lo acordado y después se sometería a referéndum.

El método respetaba los cauces legales, contemplaba mecanismos que trasladaban la doctrina del Concierto Económico Vasco a las relaciones entre el País Vasco y España de una manera gradual. Todos los partidos reunidos hicieron sus aportaciones al acuerdo. El PSE cuidó especialmente que el mismo respetara, en todos sus pasos, los cauces legales, según la versión de Eguiguren.

El presidente de los socialistas vascos defiende que aquella propuesta siempre se vinculaba a su aprobación por las Cortes Generales.

- Primero la paz y después la política. "Otro gran inconveniente achacado a las conversaciones de Loiola fue el haber alterado el principio: primero paz y después política. En esto sí había algo de verdad, por eso fue tan difícil la decisión de acudir a ellas. Digo parte de verdad, porque en realidad no se rompía del todo el citado principio, pues siempre estuvo claro, como se demostró al final, que nada de lo hablado tendría valor hasta que fuera una realidad la consecución de la paz y la culminación del proceso", escribe Eguiguren.

"Más difícil fue convencer a Rubalcaba, que estuvo en desacuerdo con la decisión y con la alteración de la hoja de ruta. Pero ante la insistencia socialista vasca y del PNV, dejó hacer; advirtiendo, no obstante, que era un error y que el tiempo lo demostraría".

Con el acuerdo prácticamente cerrado sobre la identidad nacional del País Vasco y las fórmulas de colaboración institucional entre Navarra y Euskadi, e incluso sobre las fórmulas legales para incluir el derecho a decidir en los estatutos de esas dos comunidades, todas las partes se citaron el 8 de noviembre para ratificar el consenso alcanzado.

- Las exigencias de última hora de Otegi: una comunidad autónoma única Euskadi-Navarra. Un par de días antes del 8 de noviembre, Arnaldo Otegi citó a Jesús Eguiguren en Txillarre, alegando que tenía que comentarle una cuestión importante antes de la cita en Loiola.

"Fue allí donde me informó de que iban a presentar dos modificaciones el día 8 de noviembre. Una expresa referencia a las opciones independentistas -que me pareció una obviedad- y después dejó caer la bomba: Me informó de que querían añadir al acuerdo un nuevo punto, en el cual todos nos comprometíamos a la creación de una comunidad autónoma única, formada por Euskadi y Navarra, en un plazo de dos años. Y que quería que lo supiéramos antes de la reunión, por si era posible buscar alguna fórmula de compromiso. Mi respuesta fue tajante e inmediata. Era una exigencia imposible. No existía ninguna fórmula legal ni democrática para consensuar eso. Aparte de ser inviable, iba en contra de toda la filosofía del acuerdo. Y nunca se había planteado en todos los años de conversaciones. No me lo podía creer. La única esperanza era que se tratara de una extraña estrategia para conseguir otra cosa".

"El desacuerdo de Loiola", recuerda Eguiguren, "se produjo en la antesala de la ruptura del proceso de paz".

Desde aquel pacto frustrado a última hora hasta el final abrupto de las conversaciones con ETA pasó algo más de un mes. El diálogo entre los terroristas y los enviados del Gobierno en diversas reuniones convocadas en Ginebra fue de mal en peor. Los terroristas exigieron hablar de Navarra y autodeterminación. El Gobierno se negó.