Una negociación que nunca fue

El diálogo con ETA, autorizado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero el 29 de junio de 2006 y respaldado por una resolución parlamentaria aprobada en el Congreso un año antes, nunca llegó a concretarse en nada porque en las distintas reuniones se habló más de incumplimientos sobre compromisos pactados que de lo que cada uno estaba dispuesto a ofrecer para llegar al fin del terrorismo.

Los documentos incautados a Javier López Peña, Thierry, jefe político de ETA que intervino en las conversaciones con el Gobierno, y el relato que hace Jesús Eguiguren, negociador por parte del Ejecutivo, en el libro ETA, las claves de la paz (Editorial Aguilar), permiten aclarar algunas dudas sobre aspectos del proceso, que han desencadenado estos años una intensa bronca política entre el PP y el Gobierno.

Zapatero no conoció las gestiones de Eguiguren con Otegi hasta mayo de 2004

La mesa política arrancó mucho antes de lo comprometido por el Gobierno

- Traición al Pacto Antiterrorista o desconocimiento de las gestiones de Eguiguren. Dirigentes del PP denunciaron que mientras José Luis Rodríguez Zapatero impulsaba y firmaba el Pacto Antiterrorista con el Gobierno de José María Aznar, estaba negociando en secreto con la banda y con Batasuna. Los dirigentes del PP atacaban a Zapatero basándose en los encuentros que Eguiguren mantuvo con Otegi desde el año 2000. En el libro ETA, las claves de la paz, Eguiguren los relata y explica que los hizo a título personal. Llamó a Zapatero para informarle de ellos cuando ya era presidente (a partir de mayo de 2004), y lo hizo a través del número dos del PSOE, José Blanco.

Según esta versión, Zapatero firmó el Pacto Antiterrorista sin saber que Eguiguren hablaba con Otegi sobre fórmulas para acabar con el terrorismo en España. A su vez, Eguiguren defendió el Pacto Antiterrorista y la ley de Partidos en el PSE y los compatibilizó con sus conversaciones con Otegi.

- La base del proceso fue igual que la protagonizada por González y Aznar. La base de ese proceso fue la misma que la de los que protagonizaron los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar: el punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, que permitía a los Gobiernos iniciar el diálogo con ETA si esta cesaba la violencia. El mismo pacto separaba una mesa técnica entre Gobierno y ETA para abordar la ecuación paz por presos y otra política, con todos los partidos, incluida la izquierda abertzale, ilegalizada desde 2002. El proceso de 2006 estuvo amparado en una resolución del Congreso de los Diputados, basada en el Pacto de Ajuria Enea.

- Compromiso de no detener a etarras que se incumplió. Entre los documentos que Eguiguren pactó con Josu Ternera en Oslo, antes de la tregua, figura uno relacionado con el supuesto compromiso del Gobierno de no realizar detenciones de etarras "salvo que se cometan acciones delictivas". Eguiguren adquirió ese compromiso, según cuenta en el libro, como representante del PSE, pues durante las primeras conversaciones con Ternera intentó desvincularse del Gobierno, hasta que el diálogo arrancó de manera oficial en junio de 2006.

Eguiguren aclaró, además, a sus interlocutores de ETA que en España los jueces son independientes del Gobierno. La realidad lo confirmó. Entre otras operaciones, la policía detuvo al aparato de extorsión de ETA (12 personas) solo dos días antes de que comenzara oficialmente el diálogo entre los terroristas y los enviados del Ejecutivo. ETA incumplió también sus compromisos de no extorsionar ni abastecerse de armas (robó 300 pistolas en plena declaración de alto el fuego).

- Primero la paz y luego la política o ambas a la vez. El Gobierno dejó claro en el proceso que antes de abrir una mesa de partidos para discutir el futuro de Euskadi era necesario concluir la negociación técnica con ETA sobre su final. Pero meses después de iniciarse el diálogo con los etarras, seis dirigentes del PSE, PNV y Batasuna iniciaban en Loiola una negociación política.

Eguiguren relata que el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó esta idea pero "dejó hacer". En las conversaciones con Batasuna y el PNV, el PSE admitió la identidad nacional del País Vasco y la posibilidad de "promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios comprendidos en Navarra y Euskadi. Este órgano institucional tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico". Eguiguren defiende que esas propuestas estaban vinculadas a la Constitución y a su aprobación por las Cortes, como todo lo que planteó el PSE.

- La huelga de hambre de De Juana no era cosa de ETA. La huelga de hambre que inició Iñaki de Juana Chaos, uno de los etarras más sanguinarios, para presionar al Gobierno dio como resultado una decisión del Ejecutivo, avalada por el juez de vigilancia penitenciaria, que dictó prisión atenuada para el recluso y le permitió viajar al hospital de San Sebastián para recuperarse antes de cumplir desde su casa el resto de la pena. Algunos dirigentes del PP vincularon esta decisión al proceso de diálogo con ETA y a una concesión a la banda. En las negociaciones, los interlocutores de ETA dejaron claro que De Juana había actuado por cuenta. "Contestaron que no era cosa suya, que era un problema sobrevenido y que la responsabilidad era del Gobierno, que iba a poner muertos sobre la mesa".

- Trato de favor a presos: ni acercamientos ni medidas de gracia.

Aunque en las últimas reuniones los representantes del Gobierno propusieron poner en libertad a presos de ETA enfermos, acercar a otros a cárceles próximas a Euskadi, tener un trato de favor con las presas que son madres e incluso la revisión de la doctrina Parot, nada de eso se llevó a efecto. Aquellas medidas estaban vinculadas al desarme de ETA, que no quiso discutir en profundidad sobre ello porque estaba obsesionada con llegar a acuerdos políticos.

- Legalización de Batasuna. En alguna de las reuniones entre ETA y el Gobierno salió el asunto de la legalización de Batasuna, uno de los supuestos compromisos adquiridos por Eguiguren en sus conversaciones de Oslo con Josu Ternera. Pero la formación abertzale se negó a pasar por la ventanilla para legalizarse y los jueces endurecieron las medidas contra ella en aplicación de la Ley de Partidos. Los interlocutores de ETA llegaron a reclamar la derogación de dicha ley. Los representantes del Gobierno no aceptaron.

ETA anunció el pasado 20 de octubre el fin definitivo de su actividad criminal. Lo hizo cuatro años y medio después de romper las negociaciones con el Gobierno para el final dialogado. Y lo ha hecho sin que el Gobierno haya ofrecido el acercamiento de presos, la puesta en libertad de reclusos enfermos o las medidas de gracia para reclusas etarras que son madres. Y sin que el PSE haya aceptado promover un órgano institucional común para Navarra y Euskadi.

Al romper ETA la tregua en junio de 2007, la banda terrorista unió al acoso policial, judicial y social la desafección de la izquierda abertzale, desconcertada por la actitud de la banda terrorista. Y cuatro años después se veía obligada a cesar definitivamente las armas.