Arrepentidos de arrepentirse

Hace 22 años comenzó a escribirse la historia de los arrepentidos en España cuyas acusaciones desencadenaron la primera macro operación policial que llevó al banquillo a 52 acusados. Ricardo Portabales y Manuel Fernández Padín, con apenas 30 años, lograron mover los cimientos del narcotráfico, cuando este negocio era tan solo el preámbulo de lo que quedaba por venir. Con sus acusaciones pusieron bajo sus pies a jueces, fiscales y altos cargos del Ministerio del Interior para que declararan en el juicio como testigos de cargo a cambio de protección, una nueva identidad y una pensión económica de por vida.

Portabales, un traficante de medio pelo, se encontraba cumpliendo condena en la antigua prisión de A Parda dos años después de ser pillado in fraganti vendiendo hachís en una carretera a las afueras de Pontevedra. Allí coincidió con algunos famosos del gremio, como Laureano Oubiña, con el que llegó a intercambiar algo más que palabras. Humillado y harto que cada dos por tres tuviese que ir a la enfermería por algún que otro puñetazo, Ricardo decidió escribir una carta al juez que le había condenado haciendo la firme promesa de dar nombres y apellidos de contrabandistas y narcotraficantes si le sacaban de allí.

"Llevo una parte de mi vida escondido a cambio de nada", afirma Padín

La operación se desarrolló en la madrugada del 12 de junio de 1990

Casi al mismo tiempo que Portabales consiguió zafarse de la cárcel fue detenido Manuel Fernández Padín, también en Pontevedra. Acababa de hacer una entrega de cocaína que había dejado a su contacto en una papelera cerca de un conocido centro comercial. Pieza clave en la detención de Manuel Charlín Gama y el grueso de su camarilla en los transportes de droga, Padín formaba parte de la organización como uno de los vasallos del clan más fiables y cualificados. Presionado por la situación que le esperaba y sumido en una profunda depresión decidió, al igual que Portabales, colaborar con la justicia.

Los dos testigos pronto se encontraron en la Audiencia Nacional, cara a cara con el juez Baltasar Garzón y el entonces fiscal antidroga Javier Zaragoza para reconstruir un relato cuyas repercusiones judiciales y sociales serían inimaginables para ellos. Así comenzó a fraguarse la Operación Nécora que se desarrolló en la madrugada del 12 de junio de 1990, con un despliegue de objetivos y medios sin precedentes.

Pero hace apenas dos años, cuando parecía que la historia de los arrepentidos había llegado a su epílogo, una comunicación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana hizo que tanto Ricardo Portabales como Fernández Padín se arrepintieran de lo que habían hecho. Escuetamente, desde este departamento del Ministerio del Interior, les informaban de que quedaba sin efecto la pensión de 992 euros mensuales, el escolta que les acompañaba día y noche y la vivienda que ocupaban desde que fueran clasificados como testigos protegidos.

"Yo me fie y ahora me siento engañado, defraudado porque arriesgué mucho, una parte de mi vida escondido a cambio de nada", afirmó Padín con amargura. "El problema fue Ricardo, que no supo atar bien las cosas porque fuimos de testigos al juicio, que es lo que todos querían, sin haber firmado ningún papel, todo fue de palabra y ahora ya no tenemos a qué agarrarnos y legalmente a quién reclamar", explica.

"Portabales tuvo al Ministerio de Justicia y de Interior a sus pies, podía pedirles cualquier cosa porque se la hubiesen dado, pero iba de listillo y de bocazas y no supo negociar; pensó que los que le prometían tantas cosas iban a ser sus amigos para toda la vida", cuenta Padín. "Estábamos abrumados porque éramos primeras páginas de los periódicos y abríamos los telediarios, él había implicado a gente muy gorda, aunque luego quedó todo en nada porque era muy fantasma y fabulador, quería vivir del cuento. Pero mis confesiones fueron avaladas por un tribunal y en una sentencia donde mi prestigio quedó a salvo", subraya Padín.

"Yo estaba física y mentalmente muy mermado por mi enfermedad hepática, que me impedía ver las cosas con lucidez, por eso Ricardo era el que llevaba la voz cantante del juicio y recibía los sobres con dinero del Ministerio de Interior. Ahora ya no podemos hacer nada porque los abogados dicen que todo ha prescrito", se lamenta Fernández Padín.