El Superior manda tirar un restaurante de lujo en la marina de A Lagoa
Dos sentencias del tribunal ratifican el cierre del establecimiento y su derribo
El puerto deportivo de A Lagoa, en la falda del monte vigués de A Guía, se ha convertido en un calvario judicial para su promotor, el empresario Manuel Fernández de Sousa. Una tras otra, todas las construcciones levantadas en el dominio público han ido sumando sentencias en contra en primera instancia, después confirmadas por el Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG). En esta ocasión llegan de dos en dos, que afectan a la nave que levantó sobre una pequeña caseta de madera desmontable, que fue engullida por una construcción fija cinco veces mayor, en la que la concesionaria abrió un lujoso restaurante. Una ordena el cese definitivo de actividad. La otra, su derribo.
Las dos sentencias del tribunal gallego desestiman sendos recursos presentados por la empresa Astilleros y Construcciones A Lagoa, propiedad del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, contra dos fallos de distintos juzgados de lo contencioso administrativo de Vigo, el 1 y el 2. El Tribunal de Xustiza confirma las sentencias iniciales en todos sus extremos, condena a costas al recurrente y cierra la vía judicial a los intentos de la promotora de la marina para legalizar sus construcciones.
"No se observa ningún defecto en el procedimiento", dice el dictamen
Tras hacerse con los derechos de la concesión de la Autoridad Portuaria para construir el puerto deportivo, Fernández de Sousa lo dotó de tres grandes naves y una construcción para restaurante sin solicitar licencia al Ayuntamiento. Esta última motivó un acuerdo de reposición de la legalidad aprobado por la Gerencia de Urbanismo de Vigo en mayo de 2007 y ratificado en octubre de 2008. A Lagoa recurrió entonces a la vía judicial, en la que ha cosechado sendas derrotas.
El TSXG tumba los argumentos de la promotora del puerto deportivo vigués. Esta alegaba que el expediente de restauración de la legalidad no identificaba correctamente la superficie y características de la instalación prefabricada inicial, para la que disponía de una licencia de caseta desmontable. La sala de lo contencioso-administrativo del TSXG sostiene que en efecto la construcción que se ordena demoler no coincide con la garita de 30 metros cuadrados para la que tenía permiso, pero que esto se debe a que fue sustituida mediante una ampliación que absorbió la anterior. "Toda ella es ilegal", sostiene el fallo.
A Lagoa también intentó demostrar que, al ser el de Vigo un puerto de interés general, la competencia exclusiva para actuar sería de la Autoridad Portuaria, a lo que replica la sentencia que el Ayuntamiento de Vigo tenía "competencias para pronunciarse sobre la legalidad o no" de la obra. El promotor alegó, igualmente sin éxito, que el Plan Especial del Puerto no podía supeditarse al planeamiento urbanístico municipal. Por último, denunció que en la tramitación del expediente no se dio audiencia a la Autoridad Portuaria, lo que se le deniega por no haber tenido ese organismo "participación alguna en la realización de la obra".
"Ningún defecto se observa en el procedimiento tramitado, ni en su contenido ni en la resolución dictada", falla el TSXG, que recuerda que la misma sala de lo contencioso administrativo se ha pronunciado sobre asuntos análogos en sentencias de 2009 y 2010, en las que ya se analizaron "los mismos argumentos". En todos los casos, el tribunal con sede en A Coruña dictaminó la ilegalidad de las naves anexas.
La otra sentencia del Superior ratifica el cese definitivo de la actividad del restaurante cafetería que alberga la nave, con un razonamiento similar al del fallo que ordena el derribo. Los dueños del puerto perdieron en primera instancia y el TSXG ratifica aquel fallo, al compartir "plenamente" los argumentos del juez de instancia.
A la espera de la piqueta
Las sentencias se suceden, pero los vecinos de Teis, el barrio costero vigués en el que está enclavado el puerto deportivo, siguen a la espera de que se concreten en forma de derribo. La primera de las dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de forma irrevocable data de diciembre de 2010, y afecta a dos de las tres naves, las de mayor tamaño, que, junto a la que alberga el restaurante, se levantan en terrenos de la marina de A Lagoa. Todavía no se ha ejecutado.
Ante la resistencia de A Lagoa a derribar las naves, el concejal de Urbanismo de Vigo, José Mariño, firmó el pasado 11 de marzo un requerimiento al propietario para que ejecute las demoliciones, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, será el Ayuntamiento de Vigo el que efectuará los trabajos, para después pasarle la factura a la empresa. Mariño afirmó entonces que la sentencia se cumpliría "en uno o dos meses" pero, transcurrido ese plazo, las construcciones siguen en pie.
Confirmada la negativa de A Lagoa, la gerencia de Urbanismo de Vigo aprobó el pasado 18 de noviembre la contratación del derribo de dos de las naves ilegales, presupuestado en 84.767,76 euros. De momento, la instalación que alberga el restaurante debe esperar.
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