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Reportaje:Primer plano

Presidente de la ruina

La Comunidad Valenciana pierde su base financiera tras la intervención del Banco de Valencia

Apenas cien metros separan la sede social del Banco de Valencia de la delegación del Banco de España en la capital de la Comunidad Valenciana. La filial del banco emisor se construyó en 1917 y su fachada, pese a sus reminiscencias platerescas, es de una sobriedad extrema comparada con el estilo regionalista y casticista del valenciano, cuyos salones cobijan a ilustres apellidos de la burguesía local desde 1942. La vecindad de ambas instituciones nunca ha sido garantía de buenas relaciones, sino más bien todo lo contrario. La trifulca más reciente ha sido la intervención del Banco de Valencia por el de España, el pasado lunes, tras descubrirse un déficit inicial de unos ochocientos millones; pero no ha sido la primera vez que el regulador interviene en una entidad de la que siempre han presumido ilustres familias valencianas. En 1994, el Banco de España -pese a su filosofía contraria a que las cajas de ahorros entraran en el capital de los bancos- forzó a Bancaja a comprar el 24,4% del Valencia, participación que luego se elevó hasta el 39%, para cubrir los riesgos de una expansión que le llevó a participar en sectores que iban desde la industria manufacturera hasta la pesca.

Tan pronto el PP ganó en 1995 exigió el control del poder económico Zaplana utilizó el IVF para someter a las cajas de ahorros a sus pretensiones

La nacionalización del Banco de Valencia ha representado el fundido en negro del sistema financiero valenciano. Para hacerse una idea cabal de la magnitud del seísmo que ha significado en la Comunidad Valenciana, hay que recordar que en 2009 Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM) ocupaban el tercer y cuarto puesto en la clasificación de las entidades de ahorro españolas, mientras que el Banco de Valencia en 2008 ganaba 150 millones de euros y la acción se cotizaba alrededor de los 35 euros antes del split del 14 de julio de 2008. Tres años más tarde, no queda nada de aquellos tiempos de esplendor. En apenas cinco meses, los que van de mayo a noviembre de este año, las tres entidades financieras valencianas han perdido su identidad. La CAM y el Banco de Valencia han sido intervenidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Bancaja se ha subsumido dentro de Bankia sin ningún poder ejecutivo. ¿Qué ha pasado en tan poco espacio de tiempo?

Para entender cómo se ha dinamitado el sistema financiero valenciano hay que retroceder en el tiempo hasta 1995. El candidato del PP, un ambicioso y ansioso Eduardo Zaplana, no esperó a sentarse en la silla de la presidencia del Palau de la Generalitat valenciana para ejercer el poder que todavía no le habían otorgado los votos. El todavía alcalde de Benidorm, antes de celebrarse las elecciones, ya reclamó para Juan Villalonga un puesto en el Consejo de Administración del Banco de Valencia y otro para el abogado José María Mas Millet en el de Bancaja. Dos peticiones imposibles de cumplir, pese a sus exigencias.

El PP ganó las autonómicas de 1995. Tan pronto ocupó el poder político reclamó el control del poder económico. La confusión de sus apoyos electorales en barra libre para hacer lo que les viniera en gana tendría en el futuro dramáticas consecuencias. Una de las primeras medidas del Gobierno de Zaplana fue modificar la ley valenciana de cajas de ahorros con el objetivo de aumentar el poder político sobre las entidades financieras. La legislación socialista fijaba que los representantes políticos en la asamblea de las entidades no podían superar el 35%. El PP elevó el listón hasta el 50% en 1997 con el argumento de que los cargos públicos elegidos democráticamente debían de tener más peso en los órganos de dirección. No pocos dirigentes del PSOE se mostraron de acuerdo con esta modificación, aunque otros llegaron a calificarla de inconstitucional. El resultado fue la politización de las cajas que ahora rechazan todos los partidos, pero los socialistas se guardaron muy mucho de recurrir la ley porque Manuel Chaves, en Andalucía, había hecho exactamente lo mismo.

La toma del control político absoluto de las cajas no fue inmediata. Había plazos legales que cumplir para la sustitución de según qué cargos; pero en cuanto se pudo, según recuerda un exdirectivo de Bancaja, "asaltaron los órganos de gobierno: la asamblea, el Consejo de Administración y la comisión ejecutiva". En 1998, Bancaja y CAM cambiaron de presidente. Julio de Miguel sustituyó a Antonio Tirado en la valenciana y Vicente Sala, a Román Bono en la de Alicante. Seis meses después, el director general de Bancaja, Emili Tortosa, dimitía de su cargo. El de la CAM, Juan Antonio Gisbert, aguantó hasta 2001 y se fue antes de ser destituido.

Zaplana y los suyos no esperaron a que se produjeran las dimisiones de los técnicos de las cajas para dejar claro quién mandaba. A través del Instituto Valenciano de Finanzas -una suerte de supervisor del sistema financiero autonómico-, sus responsables presionaron a las entidades financieras para conseguir las cosas más variopintas. Desde el Consell se exigió a las cajas que participaran en el capital del parque temático de Benidorm Terra Mítica y, desde los aledaños del poder se recomendó a unos inversores para que se les vendiera, al valor contable, que no el real, unos terrenos de Bancaja situados en las cercanías de la ciudad de Valencia. La ocurrencia más osada, según recuerda un antiguo cargo de la caja valenciana, consistió en pedir a la Obra Social que adquiriera todo el patrimonio de las universidades para con ese capital financiar el sistema universitario, al que luego se le alquilarían sus propios edificios. La operación, de haberse llevado a cabo, hubiera desnaturalizado por completo las cajas. Al final quedó en nada ante la resistencia interna de los máximos responsables de la entidad financiera.

Personaje principal en el asalto al sistema financiero fue José Luis Olivas (Motilla del Palancar, Cuenca, 1952), en aquel momento consejero de Economía. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada a la política valenciana desde los años de la transición. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, se traslada con 25 años hasta Valencia, donde encuentra acomodo en el despacho del abogado Emilio Attard, dirigente de la Unión de Centro Democrático (UCD). En 1979 Olivas es concejal en el Ayuntamiento de Valencia, puesto que dejará durante cuatro años para trabajar en el ámbito privado. En 1987 reaparece en la escena política en la candidatura municipal de Alianza Popular y en 1991, con Rita Barberá instalada ya en la alcaldía de Valencia, se convertirá en el concejal de Hacienda. El Consistorio valenciano será su trampolín hacia la política autonómica.

Olivas compaginará durante un periodo su cargo de concejal con el de secretario general del PP de la Comunidad Valenciana con Eduardo Zaplana como presidente del partido. Juntos llegarán al Gobierno de la Generalitat y Olivas será durante muchos años el responsable del área de la Hacienda autonómica. En 2002, un Zaplana hastiado de la presidencia del Consell consigue que José María Aznar le nombre ministro de Trabajo. Pero antes de partir hacia Madrid, el exalcalde de Benidorm reúne en su despacho oficial de la Generalitat a las personas que le son más cercanas. Esa reunión determinará en buena medida el futuro del sistema financiero valenciano.

Al encuentro, además de Zaplana, asisten, entre otros, los dos vicepresidentes del Consell, José Luis Olivas y José Joaquín Ripoll. También está presente Francisco Camps, delegado del Gobierno. Zaplana, deus ex machina del PP, distribuye su herencia: Olivas será presidente de la Generalitat hasta las elecciones de 2003, momento en que Camps se convertirá en el candidato a la presidencia del Gobierno valenciano. El abogado de Motilla del Palancar, sin embargo, pone una objeción: ¿qué será de él cuando deje la presidencia? Testigos de la reunión cuentan que Zaplana preguntó: "¿Qué te gustaría ser?" Y la respuesta fue: "Presidente de una institución financiera valenciana".

En 2003, Camps alcanza la presidencia de la Generalitat, pero tanto él como Zaplana olvidan el compromiso adquirido. Ambos están encantados con Julio de Miguel y no tienen la menor intención de sustituirle al frente de Bancaja. Pero Olivas sí que recuerda y utiliza todos sus resortes, que no son pocos, para que se cumpla el acuerdo pacta sunt servanda. Camps tiene que ceder y en enero de 2004 el exconcejal, exconsejero, exvicepresidente y expresidente de la Generalitat se instala en la cúpula de la primera institución financiera valenciana gracias, precisamente, a la ley que él mismo había aprobado en 1997, cuando se quejaba amargamente de que los socialistas habían "blindado su dominio en las cajas de ahorro". Desde entonces hasta la actualidad el que permanece blindado es él.

Pero no parece que vaya a ser por mucho tiempo. La crisis del Banco de Valencia amenaza seriamente con arrastrarle; aunque los problemas de este político, correoso y frío como pocos, empezaron mucho antes, cuando el Banco de España decide reordenar el mapa de las cajas de ahorro españolas; aunque, de inicio, el proceso arranque con buenas perspectivas para Bancaja. Es la tercera caja de ahorros de España y, aparentemente, sus finanzas están saneadas. No tiene porqué tener prisa en fusionarse con ninguna otra. De hecho, intenta sendas aproximaciones a Caja Navarra y Cajastur que resultan fallidas, pero eso no preocupa a los responsables de la caja valenciana. El acuerdo con la CAM, por el que muchos empresarios de la Comunidad Valenciana suspiran ahora, no es viable. En 2008 nadie lo quiere, y los que lo quieren no hacen nada por hacerlo posible. Más tarde, cuando se conozcan las cuentas reales de Bancaja y CAM, se comprobará que la fusión de la tercera y cuarta caja españolas era inviable e imposible.

En 2009, Bancaja espera tranquilamente que se vaya clarificando el panorama de las entidades de ahorro españolas, confiados en una segunda vuelta en la que la caja valenciana liderará una operación con otras cajas de menor tamaño. Mientras, Caja Mediterráneo negocia su fusión con Caja Madrid, pero no hay acuerdo. La sorpresa es inmensa en Bancaja, cuya dirección empieza a sospechar que la madrileña, pilotada ya por Rodrigo Rato, va a poner rumbo de colisión con la valenciana, que se sabe inferior financiera y políticamente. Adiós al sueño. La cabeza de ratón se va a convertir en cola de león.

Las circunstancias políticas en la Comunidad Valenciana no ayudan. Francisco Camps, que ha quemado sus escasas fuerzas políticas impidiendo la fusión entre CAM y Caja Madrid, está enfrascado en el escándalo de los trajes, imputado por un presunto delito de cohecho pasivo impropio y salpicado de lleno por el caso Gürtel. Él y su Gobierno se encuentran absolutamente paralizados. Algún tímido intento del vicepresidente económico, Gerardo Camps, por reconducir la situación fracasa antes de empezar, y al presidente de la Generalitat, no se sabe si en broma o en serio, solo se le ocurre proponer encadenamientos en la sede de CAM para evitar lo inevitable. Todo el sistema financiero valenciano se precipita hacia el abismo sin que políticos ni empresarios hagan nada por evitarlo, salvo contemplar con estupor e impotencia cómo los centros de decisión se alejan de Alicante y Valencia.

La primera ficha del dominó en caer será la CAM, a la que seguirá Bancaja, que arrastrará al Banco de Valencia. La caja de Alicante fue calificada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez como "lo peor de lo peor". Sus gestores, con Modesto Crespo en la presidencia y Roberto López en la dirección general, quedarán como un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Crespo, cuyo cargo se suponía honorífico, se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la caja, mientras que López aprovechó el ERE de finales de 2010 para rescindir su relación laboral a cambio de una millonaria prejubilación que fuentes sindicales cifran en 5,8 millones. La sucesora de López en la dirección general, María Dolores Amorós, se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000. Todos ellos están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

"Lo peor de lo peor" era la consecuencia de la ocupación de los consejos de administración por parte de políticos y de promotores. Una conjunción diabólicamente perversa para las entidades de ahorro. Los primeros las utilizaron para financiar megaproyectos como Terra Mítica en Benidorm, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante, participar en la sociedad que explota el circuito de fórmula 1, cargar con la deuda pública emitida por la Generalitat, financiar al Valencia CF y promociones del Instituto Valenciano de la Vivienda, crear empresas para gestionar la Sanidad con criterios privados a través de Ribera Salud o, incluso, formar parte de la sociedad que explota el aeropuerto sin aviones de Castellón. El PP usó las cajas de ahorros como le vino en gana. José Luis Olivas convirtió en ejecutiva una presidencia que era de carácter más bien honorífico y despidió a los técnicos, entre ellos al director general Fernando García Checa, que se oponían a sus proyectos.

La megalomanía de los Gobiernos del PP, la ambición de los promotores más unos gestores financieros que vieron en el ladrillo la tierra prometida para aumentar sin tasa sus beneficios, llevaron a las cajas al desastre. La CAM duplicó su negocio inmobiliario de 2003 a 2005. Bancaja hizo lo propio, pero en cuatro años, los peores del ciclo. En la fusión con Caja Madrid traspasó al Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia presidida por Rodrigo Rato, 20.000 naves, locales y pisos sin vender. La CAM tiene 2.300 millones en pisos y suelo. Y el Banco de Valencia presenta 3.995 millones en "activos problemáticos". La presencia de promotores en los consejos de administración acabó en numerosas coyundas entre constructoras y entidades. Solo en el Banco de Valencia una treintena de inmobiliarias se agrupan bajo la marca Valenciana de Inversiones Participadas (VIP) SL. "Un conglomerado de sociedades", según informaba el diario digital ValenciaPlaza", en las que participan los principales nombres del sector del ladrillo de la Comunidad Valenciana y en las que el Banco de Valencia tiene participaciones que oscilan entre el 20% y el 50% de forma directa o indirecta a través de VIP". Existen otras fórmulas por las que promotores y cajas han transformado el pasivo de los primeros en activo por la vía de formar sociedades conjuntas, disminuyendo así el riesgo a la exposición del sector inmobiliario.

Desde Bancaja se justifica toda esta actividad en función de dos argumentos: 1. sirvió para favorecer el desarrollo de la Comunidad y 2. en esa época todo el mundo apoyaba esa política expansiva, e incluso las agencias de rating otorgaban buenas calificaciones a las cajas y a los bancos. El corolario es, según estas fuentes, que todas las entidades que trabajaban en la Comunidad Valenciana -"todas sin excepción", insisten- se han encontrado con problemas de morosidad tras estallar la burbuja inmobiliaria. "Como Bankia, CAM y Banco de Valencia tenían más cuota de mercado, es razonable que tengan más morosidad".

A los hechos hay que remitirse para constatar que estas razones le han resbalado a Rodrigo Rato. El presidente de Bankia forzó la salida de José Luis Olivas de la vicepresidencia ejecutiva del BFA. No hay razones oficiales, pero oficiosamente se asegura que el exconsejero no le contó a Rato toda la verdad sobre la situación del grupo Bancaja durante las negociaciones sobre la fusión y el expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizó la crisis del Banco de Valencia como excusa para deshacerse de Olivas. Históricamente, Bancaja actuaba ante las agencias de calificación como una red del Banco de Valencia, garantizando su solvencia y su capacidad de deuda. Pero a principios de este año, Rato se negó a dar esas garantías y, automáticamente, el banco cayó tres escalones en la nota de Moody's. La evolución posterior de las calificaciones ha llevado la acción del Valencia al borde del bono basura.

Rato, además, recomendó a Olivas durante el mes de julio que abandonara la presidencia del banco, pero este se negó porque, según dijo, temía la reacción de la sociedad valenciana y de sus empresarios; pero lo que no quiso hacer en julio lo ha tenido que hacer en noviembre. Y ni la burguesía ni el empresariado valenciano se lo han perdonado. Una fuente del Consell asegura que la situación de Olivas en Bancaja "es insostenible". Aunque tampoco Rato queda mejor librado. Existe la convicción generalizada entre los empresarios valencianos de que el presidente de Bankia está desacreditando a conciencia el sector financiero de la Comunidad por razones que solamente él conoce. En ese contexto sitúan la oposición de Rato a que la vicepresidencia vacante de Bankia la ocupe una persona que defienda los intereses valencianos con suficiente personalidad y con competencias ejecutivas.

El final del sistema financiero valenciano con el triste epílogo del Banco de Valencia representa el fracaso de un poder político, ostentado por el PP desde 1995, y de un empresariado incapaz de ir más allá de sus intereses inmediatos. Olivas, sentencia un exdirectivo de Bancaja, "será su enterrador".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de noviembre de 2011