El Parlamento da luz verde al endurecimiento de las ayudas sociales

Sin sorpresas, aunque no con menos críticas por ello, el Parlamento aprobó ayer la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, la norma que engloba las tres ayudas sociales de Euskadi, la más progresista de todo el Estado. PSE y PP sacaron adelante en solitario, con la abstención del PNV y UPyD, y con los votos en contra de Aralar, EA y EB, el endurecimiento del acceso a las dos principales ayudas, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda, un cambio que penalizará sobre todo a los inmigrantes y que ha sido ampliamente contestado por colectivos sociales y sindicatos.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quiso poner en valor que Euskadi será la primera comunidad autónoma que vincule el Servicio de Empleo con la gestión de las ayudas sociales -una fórmula que ya se aplica en Europa y que comenzará en enero, fecha que el PNV quiso postergar ante el riesgo de "caos" en las oficinas de Lanbide-.

Zabaleta niega que la modificación suponga un recorte en las prestaciones

Sin embargo, el debate se centró en el endurecimiento de las condiciones de acceso que la consejera negó que fuera un recorte. El porqué lo explicó la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro: la reforma "entró para llevar las ayudas a Lanbide y sale con un endurecimiento de los requisitos". El acuerdo entre los socios que sustentan el Gobierno, PSE y PP, dinamitó la posibilidad de alcanzar pactos que hubiesen podido evitar tocar los requisitos. La consejería evitó la negociación convencida de que, si no afrontaba una reforma que redujese el abanico de solicitantes, correría peligro la sostenibilidad del sistema que agrupa el 38% de las rentas básicas de todo el Estado en un territorio con el 6% de la población y que gasta 495 euros por familia para sostenerlo frente a los 65 de media en España.

La reforma afectará sobre todo a los inmigrantes porque se eleva de un año de empadronamiento necesario a tres o un año más cinco de cotización en la Seguridad Social. La portavoz socialista en esta materia, Teresa Laespada, restó importancia a este extremo porque "el 80% de los inmigrantes en Euskadi viven de las rentas del trabajo" y recordó que las ayudas "no tienen ningún efecto llamada".

Juanjo Agirrezabala, de EA, calculó que con este cambio quedarían fuera 2.700 personas en Bizkaia, 200 en Álava y 600 en Gipuzkoa -serían nuevos solicitantes, ya que la reforma no tiene efecto retroactivo-. "La pobreza va a crecer", criticó Ezenarro. "Corremos el peligro de romper el sistema de protección social", añadió Agirrezabala. Durante la votación, que duró una hora, medio centenar de personas protestó ante el Parlamento bajo el lema "PP, PSOE, PNV ladrones de derechos sociales".

"Cuesta entender que un Gobierno socialista racanee en ayudas sociales", dijo Mikel Arana, de la marca vasca de IU, "se va a conseguir que un derecho subjetivo sea un derecho de tan difícil acceso que deje de ser un derecho". Y es que Zabaleta impulsó junto con el tripartito la ley, aprobada en 2008, que ahora reforma a la baja, aunque seguirá encabezando la protección social en España. Todo ello cuando aún queda una segunda reforma por aprobar, la de la reducción de las cuantías mensuales que recibirán en 2012 los perceptores de ayudas, un 7% menos que rebajará las cuantías al 81% del salario mínimo.

Además de estos cambios, la reforma aprobada ayer incluye otras novedades: el control de los expedientes y del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones que conllevan las ayudas sociales se hará cada tres meses, aunque Zabaleta prevé realizar inspecciones cada mes para evitar que haya "profesionales del fraude". Los perceptores tendrán un menor margen de maniobra, ya que estarán obligados a aceptar un trabajo que los orientadores de Lanbide consideren "adecuado" para el perceptor, cuando hasta ahora podían rechazar varios. "¿No es justo impedir que alguien pueda elegir entre subsidio o empleo?", interrogó Zabaleta.

Mientras no encuentren trabajo, deberán realizar cursos de formación y tareas de apoyo a instituciones y asociaciones en tareas como despejar la nieve de las carreteras después de un temporal. Ocho municipios ya han probado el nuevo Lanbide durante un año entero. El resultado: de los 3.454 perceptores empleables, 650 lograron un contrato, 1.133 recibieron formación y 1.671 (48%) no lograron ni cursos ni trabajo.