Libia y la justicia global

Una dictadura perfecta de 42 años y una guerra civil han arrasado Libia. La devastación acarreada por el siniestro reinado de Muamar el Gadafi en el país norteafricano abarca lo político, lo económico, lo institucional. Entre los atributos del Estado que deberán ser puestos en pie, en lo que se anticipa como una larga y dolorosa reconstrucción, figura prioritariamente un sistema legal digno de tal nombre.

Los libios no lo tienen, sería imposible en un lugar donde durante casi medio siglo la norma suprema ha sido la voluntad del déspota y su círculo íntimo. Y sin embargo todo sugiere que, pese a esta carencia fundamental, y contradiciendo declaraciones previas de sus responsables políticos provisionales, Trípoli se dispone a juzgar en su suelo a Saif el Islam, el hijo de Gadafi recientemente capturado, acusado desde junio por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes contra la humanidad. El fiscal del Tribunal de La Haya, de visita en Trípoli, dejó ayer abierta esa posibilidad, favorecida por las renovadas presiones de las diferentes fuerzas libias sobre el primer ministro designado, Abdurrahim El-Keib.

Moreno Ocampo ha asegurado que la CPI no pugnará por procesar al hijo de Gadafi, siempre y cuando las nuevas autoridades libias puedan hacerlo con las suficientes garantías. Libia, donde está vigente la pena de muerte, no es signataria del tribunal, reconocido por 119 países, que otorga a las justicias nacionales la preferencia en el encausamiento de los dirigentes políticos que hayan cometido atrocidades en el ejercicio de su cargo. Sus jueces podrían añadir a las acusaciones de crímenes contra la humanidad otras de corrupción, malversación de dinero público, tortura o asesinato.

Si finalmente no es entregado a La Haya, como sería deseable, el proceso de Saif el Islam representará para Trípoli una prueba de fuego sobre su anunciado respeto por el imperio de la ley. Y no puede convertirse en un acto de venganza. Libia ya ha consumido su cuota de macabros excesos con los cometidos a la caída de Sirte con Muamar el Gadafi y sus últimos leales. La abierta implicación de la Corte Penal Internacional desde este mismo momento, mediante el necesario asesoramiento o, llegado el caso, la presencia de sus propios magistrados en suelo libio, es la mejor manera de asegurar que la justicia prevalece en una causa que puede iluminar decisivamente el tenebroso viaje de un país sojuzgado.