El tripartito de Orihuela pone fin al urbanismo salvaje en el término

Ley de punto final para el urbanismo salvaje en el término de Orihuela, donde en las últimas décadas se han llegado a levantar hasta 8.000 casas de manera irregular. El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el tripartito del PSPV, Los Verdes y Centro Liberal Renovador, ha puesto en marcha un plan para regularizar la ingente masa clandestinas edificaciones y, en paralelo, ha aprobado un inflexible y duro protocolo contra los futuros infractores. La iniciativa del Consistorio ha activado a la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), que ha convocado a los afectados para informarles de sus derechos y cuál debe ser aportación al proceso de regularización.

El PGOU, con 1.200 viviendas ilegales, forzó la intervención del Consell en Catral

El infractor será multado, se cortará el agua y la luz y caso irá a la fiscalía

"El proceso de regularización de las viviendas ya construidas está consensuado y aprobado por la Consejería de Territorio, y será voluntario", asevera la concejal de Planeamiento y portavoz del equipo de Gobierno, la socialista Antonia Moreno. "El coste del proceso dependerá de situación de cada vivienda y de los servicios e infraestructuras que tengan que ejecutarse", añade.

Moreno advierte de que esta masiva incorporación de casas al ordenamiento urbano del municipio supone, en paralelo, una ley de punto final para el urbanismo salvaje. "A partir de ahora, habrá tolerancia cero con los nuevos infractores", señala. "Nada más detectemos una infracción urbanística se abrirá el correspondiente expediente, que además de la sanción, incluirá como primer imperativo restituir la legalidad urbanística", añade.

Las multas previstas en el nuevo protocolo municipal contra el urbanismo clandestino oscilarán entre los 600 y 3.000 euros. La edil socialista asegura que, además, se trasladará el expediente a la fiscalía y se cortarán los servicios básicos, como luz, teléfono o agua.

Moreno apunta que, al margen de este duro protocolo, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, en la actualidad en fase de redacción, será otro factor disuasorio contra las edificaciones ilegales, "habrá más suelo urbanizable disponible y los ciudadanos tendrán que respetarlo".

La edificación ilegal en plena huerta no es un caso exclusivo que atañe al término de Orihuela, sino que ha sido un fenómeno que se ha reproducido en la práctica totalidad de los 27 municipios de La Vega Baja, con las localidades de Catral y San Miguel de Salinas como punta de lanza. En el primer caso, la proliferación de hasta 1.200 casas ilegales llevó al Consell a intervenir el PGOU de esa pequeña localidad en octubre de 2006.

Según estimaciones de la AECU, en los 27 municipios de La Vega Baja entre un 5% y 15% de las casas son ilegales, "la mayoría en suelo rústico sin cumplir los requisitos de la Ley del Suelo No Urbanizable, y otras muchas en pleno casco urbano", precisa Honorio Fernández, presidente de la entidad.

Fernández se muestra conforme con la iniciativa del Ayuntamiento de Orihuela, pero insta al Consistorio a escuchar a los afectados. "Felizmente hay en Orihuela un nuevo Gobierno municipal menos amigo de los especuladores y más cercano a los ciudadanos. Pero antes de de decidir debería oír sus propuestas, escucharles y negociar", argumenta Fernández.

AECU ha solicitado al Ayuntamiento de Orihuela el salón actos del Ayuntamiento para celebrar una reunión con propietarios de casas afectados por el proceso de regularización.

"Todavía no hemos tenido confirmación a nuestra petición", asegura Fernández. AECU ha convocado estos actos en otros Ayuntamientos de la comarca, entre ellos, San Miguel de Salinas, con el objetivo de informar a los compradores de casas ilegales de sus derechos.