El Gobierno atribuye el pulso foral a la pérdida de poder del PNV

"Antes, los conflictos se resolvían en Sabin Etxea; ahora no tenemos vías extras de negociación". La frase de un alto cargo del Gobierno resume la impresión que maneja el Ejecutivo tras encontrarse en poco más de un mes con tres recursos forales registrados ante la Comisión Arbitral contra otras tantas leyes. Dos son, además, proyectos clave en la legislatura (la ley Municipal y la de Cajas); ahora se suma la de Juventud.

Un mismo actor se repite en los tres recursos: la Diputación de Bizkaia, único resorte de poder que le queda al PNV tras las elecciones de mayo. Álava le ha acompañado a la hora de recurrir la ley Municipal y la de Juventud y Gipuzkoa lo hará también en esta última. El Ejecutivo descarta que haya una acción política coordinada de las tres Diputaciones en su contra, aunque "no hay ninguna duda de que hablan entre ellas", según una fuente oficial. La presentación de recursos está siendo prácticamente simultánea entre unas y otras instituciones.

Un miembro de la Comisión Arbitral ve obstruccionista la actuación vizcaína

El Gobierno, que reconoce que se ha llegado a plantear en su seno si estaría "pasándose" al hacer las leyes, achaca así el aumento de la conflictividad a la pérdida de poder foral por el PNV, en el sentido de que su dirección ya no actúa como "casa común" en la que solventar los problemas sin recurrir a la Comisión, el órgano encargado de resolver los conflictos interinstitucionales.

"Bizkaia quiere ser un foco de oposición e intentar frenar algunas iniciativas", apunta otra fuente gubernamental, aunque en el Gabinete no se apunta a la existencia de una estrategia predeterminada global del PNV por el obstruccionismo parlamentario y por hacer una utilización artera de la Comisión Arbitral.

Donde fuentes del Ejecutivo, de la propia Comisión Arbitral y del PP aprecian un claro interés peneuvista por paralizar un procedimiento legal es en la ley de Cajas, que vinculan a los próximos trámites de renovación de las asambleas de las entidades de crédito. "Cuando solo ha impugnado Bizkaia, como aquí, la evidencia es que hay bastante de obstruccionismo político. Que recurra la ley Municipal resulta de cajón", opina un miembro de la Comisión Arbitral, que considera que la resolución del recurso sobre la ley de Cajas será muy rápida. En cambio, la ley Municipal va a llevar más tiempo. "Hay una discrepancia doctrinal perfectamente comprensible", añade.

Este componente del órgano arbitral recalca que Bizkaia pidió, apenas nueve días después de presentarlo, que su actuación no paralizase la tramitación de la ley y se limitase al único artículo que ha recurrido, una petición para la que carece de legitimación. "Se precipitaron y se dieron cuenta después", apunta dicha fuente. La Mesa del Parlamento, que sí está legitimada, lo planteó entonces, pero sin las preceptivas alegaciones. "Si no es incompetencia, que sería gravísimo, resulta un juego político muy extraño", concluye.

El PP, socio preferente del Gobierno, mantiene que Álava ha actuado en todo momento en función de los criterios de sus técnicos. "No hemos hecho un análisis político, pero deberíamos sentarnos tras las elecciones para ver si se insiste en esa vía o buscamos un acuerdo con el Gobierno", indica un miembro de su ejecutiva.Ambas partes deben sentarse en breve para cerrar el más que probable acuerdo presupuestario y analizarán la marcha del calendario legislativo.