La desahuciada estaba ingresada en el hospital

Un amplio dispositivo policial acompañó ayer a la comisión judicial en su tercer intento por desahuciar a Victoria Sanz, una mujer de 84 años con cáncer, y a su hijo, de 54 años y con una discapacidad del 41%, Antonio Quiroja. La mujer vivía desde 1945 en el piso, que alquila en régimen de renta antigua (paga 250 euros), situado en el barrio de Malasaña y por el que deben 20 cuotas, 5.000 euros, a la inmobiliaria Prado Norte. Según Antonio, dejaron de pagar el alquiler para poder contratar ayuda en el hogar cuando empeoró el estado de salud de su madre, que apenas puede moverse.

La anciana, que ha pasado la última semana ingresada en el hospital -"por insuficiencia cardiaca y respiratoria", según su abogado- no estuvo presente durante el desahucio, pero sí su hijo, que vende cupones de la ONCE en el barrio de Quintana. Ante la imposibilidad de seguir en la vivienda, Antonio ha alquilado un piso con su pareja, y su madre, que casualmente recibió el alta ayer mismo, ha ingresado en una residencia de ancianos.

La mujer recibió ayer mismo el alta y está en una residencia de ancianos

En los anteriores intentos por desalojarles -el pasado 19 de julio y el 12 de septiembre-, decenas de simpatizantes del Movimiento 15-M acudieron en su apoyo, logrando paralizar sendos desahucios. En esta tercera ocasión, sin embargo, los abogados de la familia han decidido no convocar a los indignados. "Sabíamos que esta vez la instrucción era acometer el desahucio por fuerza mayor y no hemos querido empeorar las cosas", dice el abogado Alberto Martín, de la asesoría Asymeco (abogados de la Unión de Trabajadores de la ONCE). "Además, estando Victoria ingresada, teníamos la esperanza de que el juzgado suspendiera el desahucio. No lo han hecho, lo que es un absoluto atropello".

Sanz cobra una pensión de viudedad de 900 euros. Hace meses, cuando fue alertada del desahucio, se ofreció a pagar lo que debe más un año de renta por adelantado o a cambiar el contrato de alquiler a uno nuevo, informa su abogado, pero la promotora rechazó su propuesta. En abril, Sanz fue operada de un tumor y no pudo asistir al juicio en el que se decretó su desalojo. Por este motivo su abogado ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial pendiente de resolución. "Si fallan a su favor, la inmobiliaria tendrá que pagar los gastos que se generen por haberlos echado del piso", dice.

En julio, los indignados (convocados por la asamblea del barrio de Malasaña surgida del 15-M) lograron frenar in extremis el desalojo, paralizado "por cuestiones de orden público". En septiembre, se volvió a frenar, esta vez por "motivos humanitarios", ya que el Samur social, que también acudió al desalojo, solo garantizaba para Victoria y su hijo tres días de estancia en un albergue.