Del exceso de recaudación a la escasez de fondos

El Plan de Lucha contra la Pobreza de 1989 fue ideado en un momento en el que la recaudación de impuestos generaba excedentes presupuestarios. De aquel escenario se ha pasado a otro en el que la escasa recaudación tributaria necesita de un fuerte endeudamiento para mantener los presupuestos públicos. De los 62,2 millones de gasto en ayudas de aquel escenario se ha pasado a otro en el que ese capítulo consume 400 millones.

El salario social nació en el seno de un Gobierno de coalición entre el PNV y el PSE, cuando el lehendakari era José Antonio Ardanza y el vicelehendakari Ramón Jáuregui. Su puesta en marcha supuso la implantación de un salario social para las familias carentes de recursos económicos, una medida inédita en ese momento en España. Pero el auténtico impulsor de ese salario social fue el alcalde de Vitoria, José Angel Cuerda, que lo aplicó antes en el municipio y después en la provincia cuando su lugarteniente, Maria Jesús Aguirre, se hizo con las riendas de Bienestar Social en la Diputación alavesa.

Veintidós años después de su extensión a Euskadi, la Renta de Garantía de Ingresos, más conocida como renta básica, es un derecho subjetivo al que se acogen ya 56.000 familias vascas cuando entonces eran 4.885.

En la actualidad, la renta básica garantiza unos ingresos mensuales equivalentes al 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -aunque a partir de enero se rebajará al 81% por el recorte que ha impulsado el Gobierno vasco en el proyecto de presupuestos-, lo que representa 658,5 euros mensuales brutos en el caso de tratarse de un hogar formado por una sola persona. En los de dos miembros, la cuantía crece un 28% (hasta los 840 euros) y sigue subiendo conforme hay más personas en la familia, hasta un máximo de 910 euros anuales.

En 1989 la medida salió adelante gracias al impulso de los tres diputados de Bienestar social y del entonces consejero de Trabajo y Seguridad Social, el peneuvista José Ignacio Arrieta. La idea surgió durante el debate de qué hacer con el excedente de recaudación de las diputaciones. La reconversión industrial se había completado ya y la economía generaba recursos suficientes, así que el Gobierno vasco le planteó al Gobierno central la idea de repartir un salario social.

El Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social facilitaron la tarea pero el proyecto topó con la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández. "Prefiero enseñarles a pescar que darles la caña", acuñó en aquella época.

El vicelehendakari Ramón Jáuregui se enfrentó a la ministra y se empeñó en sacarlo adelante con tres objetivos iniciales, incrementar los servicios sociales de base, las prestaciones económicas y además mejorar los instrumentos para la inserción laboral, que era el verdadero fin del proyecto.