El gasto social alcanza máximos históricos tras 22 años creciendo

Euskadi consume el 38% del gasto de España en todas las ayudas sociales equiparables a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ayudas de emergencia social o complementos de vivienda. Este capítulo no ha dejado de crecer desde principios de los noventa en una curva sostenida y más pronunciada desde mediada la primera década del nuevo siglo, hasta llegar al máximo histórico de casi 400 millones previstos para este año, pese a que entre 2003 y 2007 Euskadi disfrutó de una situación técnica de pleno empleo. Es decir crece mes a mes, ajeno a las coyunturas económicas y de empleo.

En 2011 la escalada resulta casi vertical. De los 26,9 millones destinados en enero a pagar a los 54.225 perceptores se ha pasado a 28,8 millones en septiembre, con 54.942 destinatarios. El último dato de noviembre es que se han sobrepasado los 55.000 perceptores. Desde el inicio de la crisis, en 2007, los fondos destinados a este fin casi se han duplicado al pasar de 233 millones a los más de 400 que se prevén gastar en 2012, pero se ha multiplicado por seis desde que echó a andar en 1993 con una dotación de 62,2 millones.

Los vascos son siete veces más solidarios que los ciudadanos del resto de España

"Es socialmente rentable tener estos recursos", indica un gestor público

La reducida recaudación fiscal no permite que el gasto se dispare

El Gobierno recalca que "este es el momento de Lanbide"

Es en este contexto en el que se han empezado a disparar todas las alarmas. Aunque nadie cuestiona su continuidad y en la campaña electoral, de momento, es un tema tabú, el debate de cómo protegerlo para evitar que la crisis se lleve por delante el mejor y más completo sistema de protección social de toda España, está en la calle.

El consejero de Economía, Carlos Aguirre, apuntó hace días que el modelo actual resulta insostenible si no se rebaja el gasto, máxime cuando merma la recaudación fiscal por la crissis. Este pronunciamiento levantó numerosas críticas de algunas organizaciones sociales.

Pero es cierto que el sistema que ha crecido a base de modificaciones normativas progresistas, en un contexto de bonanza económica y alentado por un tejido de organizaciones sociales muy estructurado, se ha encontrado ahora con una coyuntura muy desfavorable. En la última década, las ayudas se han ampliado, bajando la edad para solicitarlas de 25 a 23 años, creando un complemento para que ningún pensionista cobre menos del salario mínimo, y otros para familias monoparentales o para divorciados en determinadas circunstancias.

"Nuestro sistema es una interpretación algo diferente de la renta universal incondicional", sintetiza Manuel Vigo, exviceconsejero de Inserción Social y autor en 2008 de la actual ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social.

El Ejecutivo socialista no cuestiona el carácter subjetivo del derecho a la protección social, que le obliga por ley a dotar de más recursos al sistema a medida que se incorporen más perceptores -"es social y económicamente rentable que tengamos estos recursos", indica un gestor público-, pero por vez primera en los presupuestos para 2012 se ha previsto una rebaja del 7% en la cuantía mensual que recibirá cada perceptor, como una manera de que "nadie se quede sin la ayuda que necesita".

Un experto en derechos sociales relacionado con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cree que la medida no sería entendible si no se equilibra con otras: "Me sumaré a la indignación general si el recorte de recursos para los que más sufren no va acompañado de una campaña de todas las instituciones para luchar contra el fraude fiscal y se reequilibra al alza la tributación de los más pudientes", indica

La rebaja del 7% se suma a un endurecimiento de los requisitos de acceso a las ayudas promovido por un clima social cada vez más crítico y más enfocado a un fraude social que no está contabilizado. "El ruido social genera volantazos, que deslegitiman una política social que debiera estar por encima de la coyuntura del momento y que no toca a la clase media", indica un académico.

Pero los datos hacen difícil mantenerse ajenos a las coyunturas salvo que un gran pacto social de todas las formaciones políticas salvaguarde el sistema sin tocar su forma.

Euskadi aporta el 2,7% de los parados a los de España -140.000 frente a los casi cinco millones totales-, y un porcentaje similar de pobres respecto al total de los estimados para el conjunto del país, pero los usuarios vascos del sistema de protección consumen el 38% de las ayudas sociales nacionales.

Ese gasto sale única y exclusivamente del bolsillo de los ciudadanos vascos. Ciudadanos que son siete veces más solidarios que los del resto de España al dedicar anualmente de su propio esfuerzo un total de 495 euros anuales para financiar el sistema de protección, frente a los 65 del resto de las familias españolas. Y las cifras no parece que vayan a bajar, sino todo lo contrario. "Es como si tuviéramos un sector público formado por los 70.000 funcionarios y contratados laborales, y además otros 55.000 individuos a los que sostenemos o ayudamos a sobrevivir, y eso en un país de dos millones de ciudadanos es una barbaridad", asegura un responsable del Eustat.

¿Qué toca ahora? "Es el momento de Lanbide", dicen fuentes del Ejecutivo. Desde el pasado mes de enero, el Servicio Vasco de Empleo gestionará las ayudas con intención de impulsar el empleo entre los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. "El sistema de protección tiene que ofrecer oportunidades, no solo recursos", apuntaba anteayer en una intervención pública la consejera de Empleo, Gemma Zabalera.

Efectivamente, es el momento de demostrar la validez y efectividad de un sistema diseñado por la propia Zabaleta para achicar perceptores de ayudas públicas hacia el mecado laboral. "Cuando vienen mal dadas es cuando hay que hacer un uso intensivo de las herramientas públicas", asegura un exresponsable de Empleo. Sin embargo Lanbide va a tener que lidiar con una situación económica europea que no permite ser optimistas respecto de una recuperación rápida que permita generar actividad y por lo tanto empleo a corto plazo. Y en ese contexto, la reducida recaudación fiscal en Euskadi no ofrece demasiadas posibilidades para que el gasto se dispare.

"El sistema de protección que hemos construido con los años es casi perfecto, pero con una gestión imperfecta", incide Vigo. Es la opinión que comparten varios expertos del ámbito social, que destacan este reto como uno de los pasos importantes que se deben dar en Euskadi: "Hay cierta desproporción entre el sistema y sus cuantías, y la capacidad de gestión del sistema, no va parejo con las medidas de control y de activación".

Quienes sostienen que la RGI y sus complementos se han convertido en una manera de vivir -se puede percibir hasta 900 euros- están en franca minoría, como también lo están quienes hablan de un elevado fraude en su uso, pero crece el volumen de voces que cuestionan que, quizás como consecuencia de su desarollo, puede estar viéndose superada por el solidario objetivo de proteger a quienes atraviesan un mal momento.