Alta tensión y rebaja de penas a los acosadores de Chandebrito
La fiscal redujo las peticiones de pena para los 33 acusados de los acosos a una familia en la parroquia de Chandebrito, en Nigrán, a una horquillla de cuatro a 23 meses de prisión en las conclusiones del juicio que ayer quedó visto para sentencia y que ha reactivado la tensión de los vecinos con la familia querellante. El hombre,Leandro Freire, fue agredido en su lugar de trabajo por un pariente de dos de los procesados y un joven amenazó airadamente, en los pasillos de la sala del juicio, a una familia que testificó el miércoles en contra de los acosadores y que ya fue objeto de hostilidades diversas en el fragor de los incidentes, hace 10 años. La juez evitó que ambos incidentes se incorporaran al desarrollo del juicio y emplazó a sus víctimas a formular denuncias para iniciar diligencias aparte.
La fiscal mantuvo en sus conclusiones la imputación a los 33 encausados de los mismos delitos y faltas que figuraban en su calificación inicial -contra el orden público, coacciones y atentado, amenazas y daños- pero aplicando el grado más bajo de la pena, lo que se traduce, para los casos más graves, en 23 meses de prisión donde inicialmente se pedían 10 años.
La fiscalía llega a esa conclusión tras considerar prescritos los daños materiales causados por los altercados de 2001 -por los que la familia acosada ya recibió algunas cantidades- y también descartó cualquier indemnización por los daños morales, ya que no constaban en ningún informe psicológico. La acusación particular mantuvo sus peticiones iniciales -de seis a 10 años de prisión-, eximió a la familia acosada de cualquier responsabilidad en la prescripción, generada por las demoras del proceso, y recordó que a la misma se le había denegado en su momento, desde el juzgado, el informe psicológico que pidieron en las fases iniciales del pleito.
Los defensores pidieron la absolución de los 33 encausados por cuanto en las acciones de acoso habían llegado a participar hasta 120 personas y el grueso de las procesadas habían sido identificadas tras ofrecer voluntariamente su filiación, pero, según subrayaron, para sumarse a una denuncia contra la familia acosada, no como reconocimiento de los delitos que luego se les imputaron por su participación en las algaradas, singularmente la más candente de la madrugada del 1 de julio. Dado que ninguno de los encausados fue reconocido físicamente ahora como protagonista de los acosos y agresiones de entonces, sus autores bien podría estar entre los que ni siquiera han sido procesados, argumentaron las defensas.
Los defensores extendieron sus críticas a la actuación de la Guardia Civil por ese "engaño" en la obtención de filiaciones y también por estimar exagerada su valoración de la actitud agresiva de los vecinos el 1 de julio, ya que, si verdaderamente hubiera sido su voluntad, pudieron asaltar la vivienda -cuando la familia mantenía retenido al joven deficiente sorprendido tras tirar unos petardos- sin necesidad de encaramarse al muro de cierre -como testificaron los agentes-, sino entrando por una fachada de la finca a la sazón sin barreras, por haber sido demolida días antes.
La agresión y amenazas últimas no contribuyen a pacificar el ambiente en Chandebrito, aunque una y otras fueron argumentadas por sus presuntos autores como anticipo de lo que ocurriría si sus familiares ingresaban en prisión "por culpa" de la denunciante, Josefa Gallego, lo que ahora se hace ya más improbable.
