Una nueva política energética

La negativa evolución de algunos indicadores recientes como el estancamiento del PIB, una cifra de desempleo que duplica la media europea y el riesgo de incumplimiento del objetivo de situar el déficit público en el 6% a finales de año muestran la debilidad de la recuperación de la economía española y reavivan los temores a una nueva contracción. Tal y como tuve oportunidad de exponer en Cannes durante el B-20 Business Summit, el agotamiento de nuestro modelo económico exige apostar por una política industrial que potencie aquellos sectores capaces de actuar como motor de crecimiento y creación de empleo, además de ejercer un efecto tractor sobre el conjunto del tejido productivo. Entre ellos, y muy destacadamente, se encuentra el sector energético, sumido hoy en una situación de incertidumbre paralizante y necesitado de reformas que requieren ser abordadas desde la amplitud de miras propia de la visión de Estado, la que corresponde a su carácter de sector estratégico, clave para el desarrollo y la competitividad de nuestra economía.

El Gobierno que salga de las urnas debe diseñar un marco regulador estable y predecible para el sector

Dada la necesaria brevedad de estas líneas, me referiré a la estructura actual de la tarifa eléctrica, pues concentra y resume, en buena medida, los principales problemas pendientes de la agenda energética española, desde los relacionados con la planificación y la composición del mix energético hasta los referidos a la inestabilidad del marco regulatorio, pasando por su utilización como cajón de sastre en el que se incluyen costes ajenos a los estrictamente relacionados con la generación y distribución de energía. La insuficiencia de las tarifas para cubrir los costes del suministro ha generado un insostenible déficit que, a finales de 2011 puede superar los 23.000 millones de euros. Su crecimiento exponencial se ha debido, fundamentalmente, al elevado volumen de primas destinado a algunas tecnologías renovables inmaduras como son las solares, que el año pasado supusieron el 13% del coste y tan solo el 3% de la energía. De no frenarse el desarrollo de las termosolares, continuarán incrementándose los costes a pagar por los consumidores en otros cien euros adicionales. Por otro lado, mientras los costes de energía y redes suponen menos del 50% de la tarifa total que paga el consumidor, se añaden en ella sobrecostes que la encarecen como los del sistema extrapeninsular o los derivados de la utilización del carbón nacional.

El Gobierno que salga elegido tras las próximas elecciones debe establecer el modelo energético seguro, competitivo y sostenible en el que se van a satisfacer nuestras necesidades energéticas a largo plazo y diseñar un marco regulador estable y predecible en el que pueda desenvolverse con plena seguridad jurídica un sector que invierte anualmente 15.000 millones de euros, realiza compras anuales a fabricantes y suministradores por valor de 40.000 millones y da empleo directo e indirecto a medio millón de personas.

Ignacio S. Galán es presidente de Iberdrola.