Argentina suprime subsidios para 12 sectores económicos

Diez días después de ganar las elecciones por casi el 54%, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha puesto en marcha un plan para eliminar subsidios a determinados sectores de la economía y reducir así el incipiente déficit fiscal, tal y como aconsejaban buena parte de los economistas argentinos. Las medidas fueron anunciadas ayer por el ministro de Economía, Amado Boudou (que en noviembre próximo pasará a ser vicepresidente), y por el ministro de Planificación, Julio de Vido.

En concreto, se anulan las subvenciones en las tarifas de agua, electricidad y gas a todas las empresas de 12 sectores: bancos; financieras; seguros y anexos; casinos y juegos; hipódromos; aeropuertos nacionales e internacionales; terminales y puertos fluviales; empresas de telefonía móvil; hidrocarburos y derivados y actividades extractivas (minería y petróleo). Según el ministro De Vido, el ahorro fiscal supondrá unos 600 millones de pesos (102 millones de euros).

"Vamos a empezar por las empresas, no por las familias", dice el Gobierno

El grueso de los subsidios, que en Argentina suponen ya el 4% del PIB (es decir, unos 70.000 millones de pesos), se destina, sin embargo, a impulsar el consumo y, además de los planes de inclusión y otros programas que financia directamente el Gobierno, afectan tanto al consumo de agua, electricidad y gas como al transporte público, servicios que funcionan con tarifas subsidiadas. De Vido aseguró que esas "tarifas no se modificarán", pero añadió que "es necesario que aquellos sectores que puedan pagar, lo hagan. Vamos a empezar por las empresas y no por las familias". Por el momento, se crea una Comisión que "revisará y ordenará la situación en esos otros servicios".

El ministro de Economía afirmó que "los cambios en el sistema de subsidios se basarán en los principios de equidad y competitividad". Boudou defendió la política de subvenciones como una herramienta que debe seguir utilizándose y que "ha servido al país para industrializarse".

Las medidas adoptadas por el Gobierno se interpretan como un primer paso en un plan de reducción gradual de los subsidios, necesario porque Argentina empieza a sufrir las consecuencias de una segunda oleada de la crisis internacional, que la puede llevar a un periodo de contracción económica. El déficit fiscal actual es muy bajo (un 0,4% del PIB), pero Argentina no se puede permitir, como otros países, recurrir al mercado internacional de capitales, como consecuencia del default de 2001 y la existencia de deudas todavía sin pagar, salvo que pague intereses superiores al 10%. Desde hace más de ocho años, y gracias a una agresiva política de exportación, sobre todo agropecuaria, el Gobierno ha disfrutado de sucesivos superávits fiscales, pero el cambio experimentado en el último año ha estrechado mucho su margen de actuación.

En los últimos días, el Gobierno de Cristina Fernández reaccionó ante la fuga de capitales que sufre Argentina (2.155 millones de euros en el primer semestre de este año) y que afecta a la cotización del dólar, habitual moneda refugio. El Banco Central tuvo que emplearse a fondo con fuertes compras de dólares para mantener la cotización en torno a los 4,26 pesos y finalmente, un día después de las elecciones presidenciales, puso en marcha un plan que culminó con la obligación de los ciudadanos de solicitar autorización previa a Hacienda para poder comprar dólares.