Entrevista:MARGARITA URÍA | Vocal del Consejo del Poder Judicial

"La amnistía no es posible; el indulto sí está en el ordenamiento"

Margarita Uría, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Euskadi y exdiputada del PNV, ha recibido con alegría el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA. En breve podrá prescindir de sus dos escoltas, según ya ha solicitado. Estima que caben medidas flexibles con los presos de la banda, si bien no las sitúa entre las prioridades del nuevo escenario.

Pregunta. ¿El papel de los presos de ETA va a resultar decisivo en el proceso de pacificación?

Respuesta. De ningún modo. El papel decisivo debe recaer sobre las fuerzas políticas. Sobre todas. Hay gente que lleva mucho tiempo trabajando para lograr este escenario.

P. ¿Caben medidas de gracia con los reclusos?

"Falta reconocer el daño causado y a las víctimas que ETA ha dejado"

R. Entiendo la agitación del momento, pero es necesario serenar los ánimos antes de incurrir en proclamas que tienen que ser fruto de reflexiones más serenas y sensatas. No creo que nadie esté pensando en no aplicar lo que es el ordenamiento jurídico. Tenemos la Constitución, la ley Penitenciaria y el Código Penal. Lo que sabemos es que una misma norma puede dar lugar a decisiones concretas diferentes. Esa será la única flexibilidad posible.

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P. ¿Debe plantearse el Gobierno cambios en su política penitenciaria?

R. Como vocal del Poder Judicial no soy quién para dar instrucciones al Ejecutivo ni a los jueces de vigilancia penitenciaria en esta materia. Pero es evidente que, desde el estricto cumplimiento de la legalidad hoy vigente, es posible adoptar decisiones distintas a las que hasta ahora se han venido sosteniendo por norma general.

P. ¿Cómo cuáles?

R. No haría yo ahora un llamamiento a la modificación de normas que están en vigor, pero a nivel personal sí abogaría por el acercamiento de los presos a las cárceles vascas. Es algo que permite la legislación y tengo esperanza en que se aplique. Me parece perfectamente sensato.

P. ¿Caben también beneficios penitenciarios?

R. La aplicación del ordenamiento jurídico debe resultar suficiente. Las leyes están para ser interpretadas, aunque siempre de forma vinculada al comportamiento del recluso, a su actitud, a su intento de reparar el daño causado. Es lo que está en el sustrato de todas las posibles aplicaciones de medidas más flexibles que, insisto, son legales.

P. ¿Y una revisión de la doctrina Parot?

R. Esa es una cuestión que está residenciada donde debe, que es en el Constitucional. Tenemos un tribunal que se pronunciará y dirá si hay que hacer una interpretación distinta a la que se ha venido haciendo hasta ahora. Tampoco le vamos a dar instrucciones.

P. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha hablado incluso de indultos.

R. Es que es un instrumento previsto en el ordenamiento jurídico español que concede el Rey. Si hubiera causas en las que alguien puede transitar la ruta que el derecho de gracia exige se estaría cumpliendo la legalidad. Tendría que tratarse, eso sí, de un determinado tipo de penas, con una determinada conducta por parte del recluso, en cuyas sentencias se podría entender, además, que la aplicación de la ley fue desproporcionada para el supuesto concreto. Además, el tribunal que juzgó en su momento y la Fiscalía tendrían que informar a favor en primera instancia y después debería hacer lo mismo el Ministerio de Justicia. De igual modo que no se puede hablar de amnistías, porque están prohibidas por la Constitución, el indulto sí es un instrumento legal. Hay una normativa que lo regula. El ordenamiento jurídico nos resuelve casi todo.

P. ¿Han de dar más pasos todavía los reclusos etarras?

R. Más como valoración humana que jurídica, a mí sí me gustaría que hicieran un pronunciamiento reconociendo el daño que han causado. Y que sea cuanto antes. Se dice que es algo inminente por parte de la izquierda abertzale, pero entiendo que lo deberían asumir también los presos.

P. ¿Arnaldo Otegi o Rafa Díez Usabiaga tienen que seguir en la cárcel?

R. Quienes están cumpliendo penas en las prisiones lo hacen en función de resoluciones judiciales que se han adoptado y que se ajustan al ordenamiento jurídico vigente. Ahora bien, en estos dos casos particulares, a mí no me importa mojarme a título personal y reconocer que no las comparto. Las respeto, pero no las comparto.

P. ¿Las medidas que se adopten habrá que consensuarlas en cualquier caso?

R. Cuanto mayor apoyo social tenga cualquier medida a aplicar, mejor, pero la aplicación corresponde a quien corresponde, y no es a los ciudadanos.

P. ¿Podría afectar al escenario abierto un hipotético triunfo de Mariano Rajoy en las elecciones generales del 20-N? Hay voces que advierten de que el PP no estará dispuesto a llegar tan lejos como el PSOE en la denominada flexibilidad penitenciaria.

R. No manejo yo esos datos. Ni me han dicho unos hasta dónde están dispuestos a llegar ni los otros si mantienen una postura distinta al respecto. Entiendo que la aplicación del ordenamiento jurídico debe bastar.

P. ¿La decisión de ETA es irreversible?

R. Me reservo cierta cautela, porque otras desilusiones nos hemos llevado ya, pero diría que sí, que esta vez es la definitiva por la propia condición de verdad que se le ha dado desde los Gobiernos, la oposición o las instancias judiciales. Faltan muchas cosas, pero el cese de la actividad armada sí me lo creo.

P. ¿Qué falta?

R. Un reconocimiento del daño causado y de las víctimas que ETA ha dejado con su historia de dolor y muerte. Estamos ante un camino que solo hemos comenzado a andar. A día de hoy es posible la convivencia, pero la reconciliación social tardará un poco más.

Margarita Uría posa en un céntrico parque de Getxo.
Margarita Uría posa en un céntrico parque de Getxo.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Margarita Uria

Nacida en Bilbao en 1953, aunque residente en Getxo, Margarita Uria ocupa en la actualidad, entre otros puestos dentro del Consejo del Poder Judicial, una de las tres vocalías que tiene designados para Euskadi el órgano de gobierno de los jueces. Antes fue diputada del PNV entre 1996 y 2008. Licenciada en Derecho, ha trabajado también como profesora universitaria.

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