Andalucía detecta casos de niños marroquíes en falso desamparo

Decenas de menores marroquíes llegan cada año a Andalucía en busca de un futuro más prometedor que el que les esperaría al otro lado del Estrecho. Cuando la Junta los detecta y comprueba que no hay en España ningún adulto de su familia que se pueda hacer cargo de ellos, los chicos, en su mayoría adolescentes, quedan bajo la tutela de la Administración. Pero la Consejería andaluza para la Igualdad y el Bienestar Social empezó a detectar hace unos años que en sus centros de protección había algunos jóvenes procedentes de familias marroquíes "absolutamente estructuradas" y con recursos económicos suficientes para mantenerlos, según explicó ayer la titular de este departamento, Micaela Navarro.

"No permitiremos que esto se convierta en un internado", dice la consejera

La Junta reclama a las familias los gastos ocasionados: 2.500 euros al mes

"Llevamos tiempo diciendo que no solo llegan niños de la calle", advirtió ayer Navarro. "Es más, los de la calle son los que tienen más dificultades para llegar porque no tienen el dinero necesario para pagar el viaje". La Junta denunció a finales de 2009 a una familia marroquí por entender que habían hecho pasar a sus hijos por menores desamparados sin que realmente lo fueran. Y ahora va a denunciar a otras seis.

Tras aquella primera denuncia, el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla investigó los hechos y consideró que estos son "constitutivos de infracción penal", pero acabó ordenando el sobreseimiento porque los padres de los menores, a los que se consideraba autores del delito, no tenían "un domicilio conocido en España" en el que poder localizarles para tomarles declaración.

El gabinete jurídico de la Consejería está preparando un recurso a esta resolución judicial y va a pedir que se eleve una orden internacional de búsqueda de los progenitores, que viven en Marruecos.

En el caso de esta familia, son cuatro los hermanos que han pasado por los centros de menores andaluces, aunque una de ellas ya ha cumplido 18 años y ha salido del sistema de protección. Los otros tres continúan bajo el amparo de la Junta. Se trata de dos chicos y una chica nacidos en 1994, 1995 y 1996.

La Junta asegura que los menores mantienen "contacto habitual" con sus padres, que las condiciones socioeconómicas de la familia en Marruecos son buenas y que, incluso, los progenitores han visitado a los chicos en verano.

La consejera Navarro se mostró ayer muy molesta con estas situaciones. "Tenemos que acogerles porque están aquí y están solos, pero no estamos dispuestos a que esto se convierta en un internado al que mando a mis hijos para que estudien y estén muy bien atendidos", advirtió.

Ese es el uso que, según la Junta, están intentando hacer de los centros de protección las seis familias contra las que va a interponer una denuncia en los próximos días. Entre los progenitores hay empresarios, abogados y un policía. Los menores, alrededor de una decena de chicos y chicas, tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, según detalló Navarro.

En sus denuncias, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social acusa a estos padres de "abandono" y les reclama el dinero gastado en su alimentación y manutención, una cantidad que la Administración cifra en alrededor de 2.500 euros al mes por cada menor atendido.

Los trabajadores de los centros en los que viven los menores señalan dos grandes diferencias entre estos chicos y los que realmente presentan rasgos de desamparo: las familias de los primeros les llaman por teléfono para saber de ellos habitualmente, algunas todas las semanas. Además, en algunos casos, los progenitores han viajado en verano a Andalucía para visitarles.

Navarro alude también a diferencias en la forma de llegar a España de unos y otros. "Mientras unos llegan en patera o en los bajos de un camión, otros han venido con visado de turista, han pasado en España unas semanas con sus padres y luego ellos se han ido y han dejado aquí a los niños", explica la consejera. "No vamos a dejar a nadie en la calle. Siempre hemos acogido a todos los que llegaban y vamos a seguir haciéndolo. Pero en los casos que detectemos que hay una relación habitual con la familia y que podamos contrastar que la situación socioeconómica es buena, no vamos a permitir que los niños estén aquí. No es para eso para lo que existen los centros de protección", sostiene Navarro.

El defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, respaldó ayer la postura de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. "Si está contrastado que son menores pertenecientes a una familia integrada y con medios suficientes para atenderles, está bien que se denuncie", señaló Chamizo en declaraciones a Europa Press.

"Los centros de acogida son para menores que están solos y abandonados, que no tienen familia ni medios para subsistir, por lo que estos casos son un abuso con el que hay que acabar", insistió el defensor, que advirtió que los más perjudicados por estas situaciones son los jóvenes inmigrantes "que verdaderamente necesitan ayuda".