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El alcalde de Manises soslayó seis años las irregularidades de Emarsa

Crespo se hizo con poderes casi absolutos en la sociedad saqueada

El juez Víctor Ríos dejó ayer en una posición muy delicada a Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, del PP. El juez confirmó la imputación de Crespo en la causa que investiga el saqueo de Emarsa, la empresa pública de depuración del agua que el Partido Popular liquidó el año pasado con un agujero de 17 millones de euros después de haber pagado cantidades millonarias por suministros y servicios imposibles.

Ríos analizó, en un duro auto, las sospechosas decisiones que Crespo adoptó en su condición de presidente y consejero delegado de Emarsa entre 2004 y 2010. El alcalde de Manises desoyó seis años seguidos las advertencias sobre irregularidades en la contratación de Emarsa detectadas por los auditores. Logró, de un consejo de administración controlado ampliamente por su partido, que le fueran concedidos poderes casi ilimitados sobre la sociedad. Aseguró al consejo que la empresa pública no estaba mal presupuestariamente siete meses antes de que quebrara. Eligió como gerente de Emarsa a Esteban Cuesta quien, según la descripción que hace el juez, reúne varias de las características de un hombre de paja: "Carecía de la preparación exigible para administrar y gestionar una empresa de la naturaleza de Emarsa"; su nombramiento, "además, no fue seguido de medida alguna para reforzar su preparación".Cuesta, también imputado en la causa, enfermero y dirigente local del PP de Valencia, "no solo carecía de experiencia profesional en la gestión y administración de empresas sino que, según refiere, hasta la fecha de su designación como gerente de Emarsa ni tan siquiera había visto un simple pagaré", agrega el juez.

A pesar de ello, el alcalde de Manises consiguió que el consejo de administración de Emarsa le concediera a Cuesta, igual que había logrado para sí mismo, "amplísimas facultades". Y a pesar de ello, el también vicepresidente de la Diputación de Valencia se opuso a que estrechara el control sobre su gestión.

El juez reproduce un acta del consejo de administración de la sociedad en la que el portavoz socialista Ramón Marí reclamó "que para la concertación de contratos y disposición de fondos se requiera la intervención de al menos dos responsables con la firma mancomunada". "La exigencia de al menos dos firmas es una práctica recomendada por los auditores y está muy extendida no solo en las Administraciones públicas sino también en las empresas privadas", añadió Marí. El presidente respondió: "Si la facultad conferida por este consejo al gerente se ajusta a derecho, no cabe debate al respecto".

Según ha declarado el exgerente ante el juez, Crespo controló en todo momento la gestión de Emarsa, y fue él quien le indicó que contratase con las empresas ahora investigadas por estafar a la sociedad, quien elegía los artículos de lujo que se cargaron a su cuenta y quien le ordenó meter en plantilla a cuatro personas que solo iban por allí para cobrar.

El propio juez llega a una conclusión parecida: "El mismo [Crespo] ha sido conocedor en todo momento de la situación de la entidad. Las auditorías, las actas del consejo, los convenios suscritos y las declaraciones del señor Cuesta así lo ponen de manifiesto". La "lógica consecuencia" de todo ello, concluye Ríos, es imputar al alcalde de Manises por malversación en caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.

Los socialistas y Esquerra Unida exigieron que Crespo presentase su dimisión como alcalde y vicepresidente de la Diputación o que fuese destituido por el PP. Crespo se defendió solicitando a su vez la dimisión del portavoz socialista Ramón Marí, del que dijo que "tenía los mismos poderes y funciones" que él en Emarsa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de octubre de 2011