Los disturbios de Gràcia de 2005 quedan impunes por falta de pruebas

Jaime Sánchez y Ferran Castellarnau fueron los dos únicos detenidos por los disturbios de las fiestas de Gràcia de 2005. La noche de los hechos, la Guardia Urbana no pudo identificar a ninguno de los alborotadores que volcaron contenedores y levantaron barricadas. Cuatro días después, sin embargo, una patrulla detuvo a dos jóvenes de estética punk mientras arrastraban un carro de cervezas: Sánchez y Castellarnau se ganaban la vida como lateros. Ahora, más de cinco años después, la justicia les ha eximido de toda culpa por falta de pruebas.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona, subraya las "contradicciones" de los dos agentes de la Guardia Urbana en los que se basa la acusación. Ambos afirmaron en el juicio que "identificaron perfectamente" a los procesados dentro del grupo por "sus características físicas". Sánchez llevaba entonces "una cresta de un palmo en el cabello y gafas graduadas". Según la magistrada, "es sorprendente" que, pese a esa minuciosa descripción, los agentes no les detuvieran esa misma noche o unas horas después.

La policía sostiene que reconoció a Sánchez por su estética punk

Los incidentes ocurrieron de noche, "sin luz solar y con visibilidad reducida". Y los jóvenes llevaban "pasamontañas y pañuelos" para cubrir sus rostros. Por eso su identificación, argumenta la sentencia, queda "debilitada". También es "extraño", añade la juez, que los agentes no informaran a sus superiores sobre la identidad de los sospechosos.

La detención de Sánchez y Castellarnau plantea dudas. Ambos fueron arrestados en la calle de Torrent de l'Olla a las dos de la madrugada del día 21. Iban vestidos "con la misma indumentaria" que la noche de los hechos. Pero si esos rasgos eran tan significativos, razona la sentencia, "resulta poco lógico" que los urbanos no hicieran constancia de ello en los atestados previos.

Los dos informes policiales sobre el caso también son paradójicos. El primero se redactó poco después de los disturbios. En él se alude a "grupos de jóvenes de estética okupa, punki, eskins (sic) y afines a estos". Los policías informan de que "llegaron a ser unas 200-300 personas". Y añaden que podrían reconocer a los "autores y cabecillas de los desórdenes" y a las personas que lanzaron botellas y objetos contundentes contra los agentes al día siguiente. No lo hicieron.

En esa minuta policial, de hecho, ni siquiera se menciona a los dos urbanos que, supuestamente, observaron con claridad a los acusados. Aunque Sánchez llevaba cresta, "parece ser que los jóvenes que participaron allí eran todos de estética similar, por lo que el supuesto elemento característico dejó de serlo". Hay discrepancias incluso en el número de alborotadores: los dos testigos principales aseguraron que apenas había entre 15 y 25 personas, muy lejos de las 300 que apreciaron sus compañeros.

El barrio de Gràcia vivió dos noches calientes consecutivas en las fiestas de 2005. Pasadas las tres de la madrugada del 17 de agosto, un grupo de jóvenes se dedicó a volcar contenedores y a formar barricadas para enfrentarse a la policía en la plaza de Rius i Taulet. Los vecinos alertaron a la policía y los jóvenes salieron corriendo en dirección a la Travessera de Gràcia, donde provocaron daños en vehículos. En Torrent de l'Olla, finalmente rompieron los cristales de dos entidades bancarias. La policía sitúa a Sánchez y a Castellarnau en ese escenario. Pero, según la sentencia, los incidentes "difícilmente pudieron ser cometidos en su mayor parte solo por los dos acusados". Diversos testigos, además, aseguraron que estaban en El Prat de Llobregat, lo que ha acabado por desacreditar la versión de los policías.

La policía también sitúa a ambos la madrugada siguiente en la misma plaza. Ese día, un grupo de jóvenes arrojó botellas y objetos contra los agentes, que pretendían desalojarlos. Seis de ellos resultaron heridos leves. El juez de instrucción solo abrió juicio oral por los delitos de desórdenes públicos y daños, no por atentado contra la autoridad. El fiscal pedía para ambos dos años de cárcel y el Ayuntamiento, como acusación particular, cinco. "La sentencia nos ha dado la razón; fueron detenciones arbitrarias", concluye el abogado de Sánchez, Jaume Asens.